Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó otras tres suspensiones provisionales contra la Ley de Hidrocarburos a las compañías Servicio Villa de Arista, Petrotal y Tiger Fuel. Suman cuatro las medidas cautelares concedidas a ocho empresas, que impugnaron el decretó que se publicó el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se detengan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los transitorios cuarto y sexto del decreto reclamado”, señala el fallo.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió los recursos al considerar que la enmienda genera incertidumbre para los permisionarios y además podría dar lugar a la imposición de sanciones excesivas, ya que los incumplimientos menores también deberán ser castigados con la revocación de los permisos previamente otorgados.
Advirtió que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo o empleo al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Gómez Fierro también sostuvo que la legislación podría abonar a que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector.
Reiteró que los artículos 57, así como el cuarto y sexto transitorios, además de generar incertidumbre jurídica para los permisionarios, ocasionaría una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, otorgando poder de mercado a Pemex y “reduciendo las condiciones de oferta, lo que podría resultar en el incremento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con el correspondiente impacto negativo para los consumidores”.
