Aunque sólo faltan 80 días para la realización de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, en el Instituto Nacional Electoral aún hay incertidumbre sobre los recursos que podrán destinar.
Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey sostiene que a pesar de las condicionantes “el instituto cumplirá su obligación constitucional, sin duda”.
Asegura que en la preparación de la primera experiencia para este tipo de ejercicio, “el INE debe explorar todas las posibilidades para garantizar la mayor participación y abatir los costos”.
A su juicio, las instancias internas del instituto deben ampliar el horizonte y analizar la viabilidad del uso de urnas electrónicas, el voto por Internet, la utilización de las aplicaciones que se ocuparon para obtener apoyos de los candidatos independientes, entre otras.
Aún inmersos en la organización de los comicios del 6 de junio, subraya Humphrey, hay tiempo para potencializar la votación en la consulta.
Para la consejera, ante las restricciones presupuestales del organismo se deben analizar las opciones que ofrece la tecnología, lo que tiene que ser fundamental para el INE. “Claramente no podremos instalar las 163 mil casillas que se usarán en la elección”, e incluso con el dinero que por ahora se cuenta del presupuesto del instituto se estimaría desplegar 10 mil casillas, aunque se pueden utilizar las oficinas distritales del INE o los módulos de atención ciudadana también.
Desafortunadamente, asume la consejera, el INE está muy rezagado en el desarrollo de la urna electrónica o voto por Internet (que apenas en el actual proceso electoral se introdujo para el sufragio de los mexicanos residentes en el extranjero), por lo que esta alternativa deberá contar con la colaboración de institutos electorales locales, algunos de los cuales, como el de Coahuila y Jalisco, son los que cuentan con urnas electrónicas.
La consejera reconoce que el empeño del INE para buscar una ampliación presupuestal fue infructuoso: una primera propuesta, que implicaba mil 500 millones de pesos y que se redujo posteriormente a 890 millones, fue rechazado por la Secretaría de Hacienda y sólo resta la decisión sobre una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún no se resuelve. Por ahora, solamente se cuenta con lo asignado al instituto para financiar la consulta.
Humphrey aseguró que el desencuentro que se registró la semana pasada en el seno de las comisiones unidas de Organización y Capacitación electoral, cuando se presentó un acuerdo en el que se incluía material como la papeleta de la consulta y el papel de actas, entre otros, fue rechazado; “en mi caso, porque no se han explorado otras alternativas” y se enfilaba a la papeleta como única opción, similar al de una elección.
