El presidente Joe Biden, en su discurso sobre los 100 primeros días de su gobierno ante el Congreso de Estados Unidos, mostró un cambio sustancial en relación con su antecesor en el tema migratorio, sobre todo al plantear la necesidad de atacar las causas que generan las migraciones forzadas. Propone importantes inversiones en los países llamados del Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Hemos documentado cómo muchos países lograron revertir la tendencia migratoria cuando las políticas públicas atendieron las causas que la generaban, convirtieron a la migración en una opción y eliminaron las movilizaciones por necesidad. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica resulta que la historia es diferente, sobre todo en relación con los países centroamericanos.
Esas naciones enfrentaron enormes dificultades cuando intentaron superar la lacerante realidad y transformar estructuralmente sus condiciones. Estados Unidos obstaculizó en numerosas ocasiones los cambios al considerar que “sus intereses geopolíticos estaban en peligro”, apoyó golpes de Estado y a dictadores.
Habría que recordar a la United Fruit Company instalada sobre todo en Guatemala, dueños absolutos de las tierras, que para mantenerse apoyaron dictadores que reprimían cualquier movimiento reivindicativo. Cuando Jacobo Árbenz alcanzó la presidencia (1951) quiso restablecer la democracia política y transformar las condiciones económicas aplicando una reforma agraria, una nueva legislación laboral y extender los niveles educativos a la población.
Fue considerado comunista por el gobierno de Estados Unidos, por lo que en junio de 1954 Guatemala fue invadida y diversas localidades fueron bombardeadas bajo el liderazgo de Carlos Castillo Armas en combinación con la CIA (García Ferreira).
El Salvador también sufrió una profunda injerencia de Estados Unidos en su economía y en su política, al favorecer a partidos oficiales militares cuyo objetivo fue luchar contra los movimientos de izquierda. A partir de la década de 1980 vivió una prolongada crisis política con graves enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, conflicto que Estados Unidos consideró un problema de seguridad nacional por temor al “contagio comunista”.
Y mucho más reciente, tenemos lo sucedido el 28 de junio de 2009 con el golpe de Estado en contra del presidente Miguel Zelaya a manos de la oligarquía hondureña y el gobierno de Estados Unidos.
Zelaya había puesto en marcha un conjunto de propuestas transformadoras que beneficiaban a la población en general, educación pública gratuita, un salario mínimo más alto, una serie de políticas de bienestar social y planteó la revisión de la Constitución de 1982, redactada en el periodo de la dictadura militar que defendía los intereses de empresas estadunidenses como la United Fruit Company.
Como señaló la líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres Flores, por cierto asesinada el 2 de marzo de 2016, “el golpe de Estado fue para impedir que el pueblo hondureño acceda a un Estado y una sociedad incluyente, democrática, con equidad y participación directa, esto lo saben los oligarcas golpistas”.
Y si bien la Asamblea de Naciones Unidas condenó el golpe y también el propio Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, su secretaria de Estado Hilary Clinton lo contradijo (Copinh).
Uno de los golpistas fue precisamente Juan Orlando Hernández, quien se convertiría en presidente del Congreso en 2010 y más adelante en presidente de Honduras, en 2013, proceso considerado fraudulento y con enorme violencia para reprimir los actos contrarios a sus designios y a las estructuras militares y de seguridad subordinadas a la presidencia.
Por ello el proyecto de desarrollo integral propuesto por Alicia Bárcena, directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como forma de atacar las causas de los enormes movimientos migratorios, debe ser discutido por los países, aprobado y monitoreado por los distintos sectores para evitar que los recursos se desvíen.
Y si Estados Unidos va a participar, no hay que olvidar la triste historia de la Alianza para el Progreso impulsada por la administración de John F. Kennedy para desarrollar la región. Fue un fracaso porque el interés real y principal era contrarrestar los movimientos guerrilleros y las fuerzas de izquierda, por eso fue imposible realizar las necesarias reformas agrarias que fueron consideradas izquierdistas.
La injerencia de Estados Unidos ha sido demoledora para estos países y es parte de la explicación del enorme éxodo hacia los países de Norteamérica.
¿Será cierto que Joe Biden es socialista, como dicen los grupos ultraconservadores? Ironía pura.
