Guanajuato, Gto. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) no agredieron físicamente a la diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, durante la manifestación realizada afuera del Congreso, el 15 de febrero del 2015, según los videos grabados ese día, señala la resolución de recomendación que elaboró la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).

Derivado del expediente 44/19-A, la PDHG emitió una recomendación al secretario General del Congreso, Ricardo Narváez, para que inicie el “procedimiento administrativo procedente, en contra del Jefe de Monitoreo y Seguridad, Manuel Suasto Plaza, respecto de los actos y omisiones que ocasionaron la violación del derecho a la libertad de tránsito”.

El 15 de febrero del 2015, un grupo de ciudadanos se manifestó afuera del Congreso contra el pase automático del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, a fiscal General.

La diputada salió del palacio legislativo para atender a los manifestantes, pero denunció que cuando intentó ingresar al inmueble fue agredida por las FSPE.

La coordinadora de los diputados de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, anunció que impugnará la recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que se eximió de responsabilidad al personal de las FSPE.

En el expediente de queja, la PDHG señala que tiene videos donde se ve que la legisladora intenta abrir la valla de los antimotines para ingresar al congreso y en ese momento los manifestantes empiezan a empujar a los agentes.

“Los elementos de primer contacto con la quejosa, no podrían otorgarle el acceso inmediato, de ahí que, como se aprecia en las grabaciones, se le retardó el acceso e incluso reinó la confusión en su perjuicio, pues no es sino hasta que personal de seguridad y monitoreo del Poder Legislativo acudió a verificar la situación imperante, que se le auxilió para ingresar”, señala el documento.

“En este entendido, es que esta Procuraduría excluye la posibilidad de que los elementos policiales desplegados en el lugar hayan tenido una conducta dañosa de los derechos humanos de la quejosa”, concluye la PDHG.

El organismo recomendó sancionar al Jefe de Monitoreo y Seguridad, Manuel Suasto Plaza, porque él es el responsable de la seguridad de los diputados y debía brindar apoyo a la diputada para salir e ingresar al recinto.

“La quejosa salió por su propia voluntad para ejercer el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas, sin acompañante por parte del personal de seguridad del Congreso del estado, o sin expresar sus intenciones a quienes tenían a su cargo el operativo, existiría el riesgo de que su reingreso no fuera tan dinámico y expedito como lo fue su egreso del recinto oficial”, refiere la PDHG en su investigación.