La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha recibido 145 denuncias en lo que va de este proceso electoral, “muchas de ellas anónimas y sin pruebas”, informó el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti.
Al ofrecer un mensaje a medios, Ortiz Pinchetti aseguró que se cuenta con “un número importante de denuncias por manipulación de programas sociales con fines electorales, 73. Ahora vamos a hacer una investigación de cuáles son verdaderamente efectivas”. Pues, recordó que la utilización de programas sociales para fines electorales “está fuertemente penada, es un delito muy fuerte”.
En ese contexto, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), fiscales y procuradores de todo el país, coincidieron en que ante la concurrencia de competencias en materia federal y local en el proceso electoral, es necesario dar un ejemplo único de trabajo, colaboración, respeto y participación en favor de la democracia en México.
Por ello aprobaron, entre otras cosas, que mantendrán “una estrecha colaboración, de conformidad con los 32 convenios suscritos entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, para proteger la función pública electoral; así como atender, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra la organización y desarrollo de las elecciones”.
Asimismo, se coordinarán con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad Pública de todas las entidades federativas, y conocerán “los criterios y lineamientos que se han tomado con relación a la protección de candidatos, particularmente la custodia de las mujeres candidatas, y la de comunidades en circunstancias de riesgo por la presencia de grupos de la delincuencia organizada”.
De esa manera, explicó la CNPJ, existe plena disposición para compartir información con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Información y las secretarías de Seguridad de las entidades federativas, que permita, de manera coordinada, investigar y perseguir las conductas delictivas que dañen la contienda electoral.
