Buenos Aires., En vísperas del 45 aniversario del golpe militar en Argentina, que el 24 de mayo de 1976 instaló la más cruenta dictadura de la historia local, el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) publicó ayer documentos desclasificados que revelan que el gobierno de Estados Unidos sabía lo que iba a suceder y registra los vínculos entre los golpistas y altos funcionarios estadunidenses.

En realidad analistas de la región ya conocían cómo se habían planificado las llamadas dictaduras de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el Cono Sur, dentro del esquema de la guerra fría, que se desarrollaba entre ese país y la ex Unión Soviética, pero cada documento nuevo ratifica todo lo denunciado en los últimos años en búsqueda de verdad y justicia.

Los documentos publicados se basan, en general, en informes cablegráficos que enviaba el entonces embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, quien una semana antes del golpe se reunió en privado con el ex almirante Emilio Massera, quien le dijo “que no era ningún secreto que los militares podrían tener que entrar en un vacío político muy pronto”.

Los informes también registran que funcionarios del Departamento de Estado, conociendo los preparativos del golpe y sus planes potenciales describieron que se instalaría un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedente”, y un mes antes avisó “discretamente” a los militares que Washington reconocería al nuevo régimen.

A mediados de febrero el subsecretario de Estado, William Rogers informó al secretario de Estado, Henry Kissinger que después del golpe era “de esperar que (el gobierno militar) sea amistoso con Estados Unidos”, aunque advirtió que “al intensificarse la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales”, lo que llevaría a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos y podrían “complicar nuestras relaciones con el nuevo régimen ”. Eso es evidentemente lo único que les preocupaba.

En el documento marcado con número uno se puede ver que desde diciembre de 1975, las agencias estadunidenses habían recibido una cantidad de informes sobre el golpe contra la presidenta Isabel Perón en Argentina, y se identifica a militares de alto nivel “colocados en posiciones estratégicas para el golpe: el jefe del ejército en Buenos Aires, general (Guillermo) Suárez Mason; el jefe de la Policía Federal, general (Albano) Harguindeguy; el comandante de la Marina, almirante Massera; y el comandante en jefe del ejército, general (Jorge Rafael) Videla”.

También se revela que el embajador Hill explicaba el 13 de febrero de 1976, que “varios oficiales militares de alto rango le han pedido coordinar una reunión entre un representante militar apropiado y el secretario Kissinger a quien querían explicar por qué necesitaban tomar el poder y buscar garantías de pronto reconocimiento”.

Sólo 12 días antes del golpe Hill debió accionar ante la llegada a Buenos Aires de una misión encabezada por el director retirado de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Daniel O. Graham (ex subdirector de la CIA), acompañado por el ultraderechista senador Jesse Helms y otros.

Hill les pidió regresar a su país, para evitar que esto evidenciara la relación con el golpe, y el propio embajador lo hizo el 17 de marzo, a fin de evitar estar en el día “D”.

Un día antes del golpe, Hill informó al Consejo de Seguridad Nacional que Washington necesitaba estar listo para enfrentarse al ejército argentino, recordando que este país “ha sido uno de nuestros principales interlocutores (…) tal vez volverá a la normalidad política con una necesidad desesperada de inversión. Estados Unidos puede esperar a ser el primer país al que acudirán los argentinos ”.

Los documentos publicados son pruebas significativas para los organismos de derechos humanos que hoy participarán en una cantidad de acciones creativas, al no poder realizar la multitudinaria marcha de todos los 24 de marzo, por la pandemia. Los archivos se pueden consultar en: shorturl.at/qyJP1

La mañana de ayer, el presidente Alberto Fernández entregó el premio Juana Azurduy (coronela y luchadora por la independencia) a 71 madres y abuelas de Plaza de Mayo por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos.

Lo recibieron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en representación de todas las madres y abuelas que aún están vivas. “Ellas se animaron a hacer lo que el resto de la sociedad no se animó”, dijo el presidente Fernández.