Alrededor de 150 sindicatos universitarios del país expresaron su rechazo a la Ley General de Educación Superior (LGES) –aprobada por la Cámara de Diputados– e hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a no promulgarla, ya que en varios de sus artículos contraviene el tercero constitucional.
Representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, tres de las agrupaciones de sindicatos universitarios más grandes de México, lamentaron que se haya aprobado una ley “con claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de esas instituciones”.
De acuerdo con las organizaciones, el artículo cuarto de la LGES viola el tercero constitucional, al “degradar el derecho a la educación superior otorgando a todas las instituciones la facultad de imponer requisitos adicionales” a los estudiantes al concluir su bachillerato, “reforzando con ello décadas de políticas neoliberales que han impedido que millones de jóvenes ejerzan este derecho”.
Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo notar que ese artículo “abre la puerta a que las autoridades soliciten un sinnúmero de requisitos para ingresar a la educación superior, lo cual es una contradicción constitucional”.
Además, en el artículo segundo de la LGES se limitan las iniciativas de cambios democráticos a las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. “Con ello, cualquier iniciativa para democratizar una institución autónoma podrá ser desechada por sus órganos de gobierno, los cuales, precisamente por la carencia de democracia, son controlados por las burocracias universitarias”, señalaron los sindicalistas.
Agregaron que la LGES no resuelve las problemáticas de las universidades en materia de presupuesto, ya que “no incide en el fortalecimiento de políticas de financiamiento suficientes”.
Criticaron también que la Cámara de Diputados haya desoído el llamado del presidente López Obrador, del pasado 4 de enero, a abrir un amplio debate sobre su aprobación, incorporando a profesores, estudiantes y trabajadores que son “los principales protagonistas del proceso educativo”.
Las organizaciones demandaron al Ejecutivo federal regresar dicha ley a la Cámara de Diputados “para que por medio de una amplia discusión, se subsanen las deficiencias”.
