Dos hechos relevantes en la lucha contra la corrupción emprendida por el actual gobierno se dieron a conocer ayer. Por un lado, España concedió finalmente la extradición de Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y acusado de participar en el esquema de defraudación de 200 millones de dólares al erario al vender a Petróleos Mexicanos la empresa Agronitrogenados con un sobreprecio por esa cantidad. El empresario enfrenta además un cargo por entregar a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, un soborno de más de 3 millones de dólares.
Por otra parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revirtió por mayoría de votos la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la empresa Lomedic, por la acusación de que era propiedad del ex delegado del gobierno federal en Jalisco Carlos Lomelí Bolaños. La instancia judicial estimó que el ex funcionario no era socio de Lomedic desde 2012, por lo cual no se vio beneficiado con los contratos que esa compañía obtuvo del gobierno federal. Tal veredicto se basó en documentos notariales en los que se establece que en ese año Lomelí Bolaños cedió sus acciones de esa empresa a su esposa, Karina Navarro Pérez.
El regreso de Ancira Elizondo a territorio nacional tras casi dos años de lucha legal en España y México, su inmediata detención y su consignación ante un juez del Reclusorio Norte son sin duda pasos positivos en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades por los monumentales actos de corrupción. Tras este éxito de la SFP y de la Fiscalía General de la República, el asunto queda en manos del Poder Judicial: está por verse –y en ello se juega el prestigio de las instancias jurisdiccionales encargadas del caso– si es cierto lo que afirmó su abogado, José Luis Castañeda, en el sentido de que el juzgado segundo de distrito habría concedido a su cliente una suspensión provisional para que siga su proceso en libertad porque está acusado de un “delito no grave”.
En contraparte, otra rama del Poder Judicial, el TFJA, propinó un severo revés a la lucha contra la corrupción al basarse en un acto de simulación patrimonial: la cesión, por parte del ex delegado Lomelí Bolaños, de acciones empresariales a su cónyuge, con lo que la compañía en cuestión, Lomedic, quedaría a salvo de la inhabilitación que le dictó la SFP, y su ex dueño, eximido de señalamientos administrativos por conflicto de intereses. Sean cuales sean las argucias legales pretextadas para semejante fallo, es evidente que un funcionario federal tan estrechamente relacionado a una razón social que obtiene contratos del gobierno, así no sea su propietario formal, incurre en una falla ética doble: el ejercer el cargo sin haberse desvinculado formal y realmente de la compañía en cuestión y el impugnar la inhabilitación recurriendo a tales argucias.
La SFP tiene ante sí el deber de impugnar una sentencia tan aberrante como la referida, en tanto que el partido gobernante, por básica congruencia y hasta por razones de imagen pública, tendría que rechazar la postulación de Lomelí Bolaños, quien pretende competir como candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara.
Un tercer suceso, éste de carácter positivo y reivindicatorio en el ámbito de la lucha contra la impunidad, fue la detención del ex gobernador poblano Mario Marín, quien contaba con órdenes de aprehensión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. El arresto, realizado ayer por la FGR en Acapulco, podría ser el inicio del esclarecimiento de la estructura de complicidades entre figuras del poder público y la red de pederastas y pornografía infantil que fue documentada por la informadora en el sexenio antepasado. Y también en este caso la decisión recae en el ámbito del Poder Judicial.
