Lo que suceda al Presidente de la República en materia de salud es un tema de absoluto interés público, en el que no puede primar un eventual criterio personal de confidencialidad. Por razones evidentes, entre ellas la seguridad nacional, la gobernabilidad del país, los vaivenes de los mercados financieros y la puntual atención al público, es imprescindible contar con la información responsable y oportuna sobre la evolución del contagio de Covid-19 no sólo en la persona llamada Andrés Manuel López Obrador, sino, en términos de la máxima importancia nacional, en la figura institucional del Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego de un primer tramo de indefinición, en el que surcaron los campos de batalla de Internet voces que defendían la opacidad en cuanto a la evolución médica del político tabasqueño, tratando de fijarla en lo personalísimo, el subsecretario más estelar de la llamada 4T, Hugo López-Gatell, dio a conocer algunos detalles de la situación del presidente López Obrador. Y adelantó: “El Presidente está bien, y tendremos su aval para ir informando cómo va evolucionando. Estoy seguro de que él mismo, a través de sus redes sociales, estará dando un parte general de cómo va evolucionando”.

En otro tema: es probable que la Secretaría de la Función Pública no haya podido, conforme a sus atribuciones legales, hacer más que inhabilitar a Alfredo Castillo Cervantes para que no pueda ocupar ningún cargo, empleo o comisión en el servicio público durante 10 años. Y también es probable que a partir de la detección de irregularidades en las declaraciones patrimoniales de él y su esposa, con más de 18 millones de pesos sin explicación válida, se abra algún procedimiento judicial contra tan distinguido miembro de la élite peñista durante el sexenio pasado, tan impune dicha caquistocracia del pasado reciente (caquistocracia: término este que designa o se refiere al gobierno ejercido por los peores o menos capaces), a pesar de los aparatosos boletines de prensa y las briosas declaraciones del obradorismo que nomás no alcanza a levantar vuelo contra los más altos responsables del saqueo corrupto nacional.

Castillo Cervantes fue parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado de México (procurador de justicia que sostuvo la “verdad histórica” de la niña Paulette, muerta y largamente buscada aunque, según eso, estaba en un resquicio del colchón de su cama), y ya en el plano federal ocupó cargos en la procuración de justicia y, de manera escandalosa, como comisionado “para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán” y, al final de su etapa dorada, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (la Conade que ahora, entre turbulencias similares en cuanto a corruptelas e irregularidades, administra Ana Gabriela Guevara a nombre de la 4T).

Fue de una atrocidad absoluta el envío de uno de los favoritos de ese inquilinato de Los Pinos, el de Peña, pues Alfredo Castillo Cervantes se convirtió en un virrey, sustituto de los poderes constitucionales locales y promotor de “estrategias” en las que utilizó de manera criminal a autodefensas ciudadanos. Además de la displicencia de Peña Nieto, Castillo Cervantes tuvo el apoyo de sus primos: Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Raúl Cervantes Andrade, quien fue senador priísta y procurador general de la República. Así que, 10 añitos sin ocupar cargo público alguno no resulta de ninguna manera un castigo proporcional a todo lo hecho por Alfredo Castillo, uno entre tantos de los habilitados por Peña Nieto para dañar al país.

Y, mientras la figura siniestra de Jorge Hank Rhon revolotea electoralmente en Baja California, con el muy santiguado pero muy oportunista Partido Encuentro Solidario en vía de hacer candidato a gobernador al muy impugnado empresario, ¡hasta mañana!

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