Chilpancingo, Gro., Grupos de la delincuencia organizada se aprovechan de los recursos mineros, hidráulicos y madereros de los municipios de Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez, ubicados en la zona Costa Grande de Guerrero, así como en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, dieron a conocer campesinos productores de café, copra, ganado y amapola.

En dos conferencias de prensa, los labriegos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo que al gobernador priísta Héctor Astudillo Flores, cumplir “sus promesas de traer seguridad y progreso a la sierra de Guerrero; queremos a la Guardia Nacional para pacificar la sierra”.

Los agricultores de Atoyac y Coyuca de Benítez acusaron a los tres niveles de gobierno de estar coludidos con agrupaciones criminales, lo que ha provocado muertes y desplazamientos forzados. Igualmente aseguraron que Javier López, dirigente de Morena, controla poblados serranos y de Chilpancingo.

Sin ofrecer sus nombres por temor a represalias, afirmaron en una primera conferencia de prensa que el morenista López ha propiciado “asesinatos, expulsiones e imposición de autoridades; depreda nuestros bosques, nos despoja de nuestros árboles y de los beneficios que nos dan: tierra, agua y aire”.

Acotaron que López también “controla programas de ayuda gubernamental con una visión delictiva y con la complicidad de las autoridades. Aterroriza a los pobladores de Tepetixtla, Las Humedades, La Remantita, La Felicidad, San Isidro y Barrio Nuevo Yerbasantita”, entre otros.

Indicaron que la tala para vender madera o usar tierras para pastoreo ha erosionado la sierra y deja sin agua los ríos Papagayo, Coyuca, Atoyac y Conchero.

Los inconformes refirieron que las mineras asentadas en las comunidades Tepetixtla, Santa Cruz, Aguas Blancas y Tixtlancingo, en Coyuca de Benítez, explotan oro, plata, hierro, cobre y aluminio. Ocupan una superficie de casi mil 800 hectáreas “y van a contaminar el río Coyuca”.

Puntualizaron que otras cinco mineras están por iniciar actividades en 6 mil 668 hectáreas de Chilpancingo para obtener oro, plata, y hierro, en perjuicio del río Papagayo, mientras “tres concesiones mineras en el municipio de Atoyac, que abarcan 902 hectáreas” permitirán explotar en breve oro, plata y hierro.

Exigieron a los pueblos de la sierra de Guerrero “usar todas las formas posibles de oposición para evitar el despojo de nuestros recursos”, y al gobierno federal “que garantice la seguridad de los ciudadanos en un verdadero Estado de derecho”.

Recordaron que a finales de la década de 1960 y principios de los años setentas, empleados gubernamentales repartieron semillas de amapola y mariguana, lo que “llevó a miles de guerrerenses a la siembra de drogas ilegales. Nunca se superó la pobreza, pero fue posible la sobrevivencia”.

Expusieron que el auge del mercado de estupefacientes en Estados Unidos favoreció “la aparición de grupos de narcotraficantes que compraban el producto a los campesinos productores, quienes obtenían una parte ínfima de las ganancias. Estos grupos diversificaron y ampliaron sus actividades; ahora venden protección, cobran derecho de piso, se dedican a la trata de mujeres, tráfico de personas, comercio de drogas duras, venta de madera y de agua, así como despojo de tierras”.

Agregaron que esas gavillas ahora actúan como grupos paramilitares al servicio del gobierno o de empresas trasnacionales, “torturando, desapareciendo, exiliando y asesinando, y cobran por servicios como agua, electricidad y drenaje”.

El derrumbe del consumo de mariguana y amapola por la legalización de la primera en parte de Estados Unidos y Canadá “y por la presencia del fentanilo ha llevado a esos grupos a intensificar sus actividades de agresión y despojo sobre los pueblos de la sierra de Guerrero”.

Piden aserraderos

En rueda de prensa, campesinos oriundos de la de la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, integrantes del Observatorio por la Paz y el Desarrollo de Guerrero, demandaron que se instalen aserraderos en comunidades para un aprovechamiento racional de la madera. También solicitaron la presencia de la Guardia Nacional en la zona, al igual que la destrucción de los cultivos de amapola y la instalación de un cuartel militar.

Reprocharon que los bosques serranos de la entidad, en lugar de generar bienestar y aprovechamiento para los lugareños, “se hayan convertido en desgracia. En lugar de derribar un árbol para producir madera y otros bienes, lo cortamos para sembrar amapola. La destrucción de los bosques es enorme y ahora surge otro problema: el agua está escaseando”.