En principio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados mantiene su acuerdo para aprobar, el jueves en comisiones y en el pleno, la reforma para prohibir la subcontratación y, en una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los coordinadores de las bancadas aceptaron recibir una adenda de los acuerdos con los empresarios, para someterla a votación.
Morena acotó que la reforma no se puede aplazar y que “escuchará todas las voces”, mientras el PRI defendió que la iniciativa “se enriquezca”. El coordinador del tricolor, René Juárez Cisneros, dijo que prevalece el acuerdo para que el jueves se discuta el proyecto, pero “está la circunstancia de escuchar a los empresarios”.
En ese sentido, legisladores de distintas bancadas indicaron que, si hay condiciones, la iniciativa se aprobaría el jueves y si no, el martes.
Juárez Cisneros señaló que después de la reunión con Sánchez Cordero, se definió que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, compartirá el alcance de los acuerdos entre el gobierno federal y los empresarios.
También, la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri Riancho, planteó legislar con cuidado en la regulación para prohibir la subcontratación laboral porque, dijo, podría darse un despido masivo de trabajadores.
Mientras, el procurador fiscal, Juan Carlos Romero Aranda, advirtió que con la reforma quien cometa un delito de defraudación fiscal “recibirá penas de hasta 13 años y medio de prisión, pero cuando se cometa por tres o más personas que preparen y ejecuten estos esquemas de manera reiterada o permanente serán procesados por delincuencia organizada”.
En su participación en la segunda jornada de discusión pública de la propuesta presidencial, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro que con la reforma las empresas tienen la oportunidad de regularizarse antes de ser llevadas a un proceso penal.
Citó que en 2016 existían 900 empresas que ofrecían servicios de subcontratación, de las cuales sólo 337 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo, 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sólo 40 pagaban impuestos.
Asimismo, Leonor Quiroz Carrillo, representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, consideró que no hay claridad entre qué subcontratación estaría permitida y cuál no. Dijo que si bien la impunidad se ha generado por empresas creadas para evadir el fisco, “es un exceso aplicar los mismos parámetros para las actividades legales. Contra las que hay que ir son las factureras, nomineras, las que vacían su nómina a final de año”.
