La Cámara de Diputados aprobó declarar el 9 de diciembre de cada año como Día Nacional Contra la Corrupción que, definió la Comisión de Gobernación, “es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades” y que, refirió, en México se extiende prácticamente a cualquier actividad.

En el dictamen aprobado por 472 votos de todas las bancadas y se envió al Senado, la comisión expresa: “Es difícil saber a ciencia cierta los niveles de corrupción en México, porque se adolece de información completa y oportuna sobre este fenómeno. Lo que sí sabemos es que en las mediciones internacionales y nacionales vamos de mal en peor, debido a que en la mayoría de los rankings hay retroceso a nivel de percepción de la corrupción”.

Sin embargo, expresa, no todo está mal y a pesar de las resistencias, se registran acciones para acabar con este fenómeno.

En sus consideraciones, la comisión señala que en el último año del sexenio anterior, las cifras oficiales revelan que los funcionarios públicos formaron parte de las principales estadísticas de corrupción y que en los estados, se recibieron 53 mil 762 quejas o denuncias por su actuación indebida.

No obstante, prevaleció la impunidad.

Por cada 100 denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales en ese año solo 13 servidores pábulos fueron sancionados, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, citado por la comisión.

La corrupción está a tal grado extendida, lamenta, que aparece en todas las actividades.

Y enlista: “en el pago de servicios supuestamente gratuitos, tales como la recolección de basura; en la gasolinería en donde solo se entregan 900 mililitros aunque se paga el litro; en la emisión de certificados de inglés a maestros que ni siquiera conocen el idioma, en la asignación por herencia de una vacante que debería ser concursada, en la ocupación privada del espacio púbico a cambio de una renta mensual, en la obtención de una comisión (moche) por canalizar recursos a un municipio; en el diezmo cobrado a trabajadores de una dependencia; en la liberación de un delincuente a cambio de una paga…”

En la tribuna, el diputado César Agustín Hernández (Morena) explicó que la corrupción no corresponde atacarla solo al gobierno, sino a toda la sociedad y planteó que el definir en el calendario cívico un Día contra la corrupción va en el sentido de hacer conciencia pública.

Ana Lilia Herrera (PRI) refirió que se propone este día en el mismo sentido que propone la Organización de Naciones Unidas y se aprueba para sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios, así como llamar la atención de que existe un problema sin resolver y que debe erradicarse".

No obstante, sostuvo que el combate a la corrupción no debe ser instrumento político ni de persecución.