Ayala, Mor., Los campesinos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) anunciaron que mediante la lucha social y jurídica defenderán el agua del río Cuautla para que no se la lleven a la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, obra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Anunciaron que 17 de 32 ejidos afectados por el PIM (el cual incluye la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto) ya solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para impedir que se consume “el robo del agua” del río Cuautla y de la planta tratadora de aguas negras.

Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata; Juan Carlos Solís, abogado de los pueblos de Morelos, y Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, pedirán a la CIDH que obligue al Estado mexicano a respetar los derechos de los campesinos morelenses, los 19 amparos vigentes y las 10 suspensiones obtenidas en tribunales.

Afirmaron que no se quedarán de brazos cruzados mientras se llevan el agua con que riegan sus cultivos y recalcaron que el PIM es un “megaproyecto de la muerte”, porque se les impuso hace 10 años (en el sexenio de Felipe Calderón) mediante el uso de la fuerza pública. Lo hicieron “con mentiras y de manera ilegal, así como ahora están construyendo el tramo que falta del acueducto (en el río Cuautla, en el poblado de San Pedro Apatlaco), resguardados por la Guardia Nacional y de la Policía Militar”, expusieron.

En el plantón que instalaron el lunes frente de las oficinas de la Asociación de Usuarios del río Cuautla (Asurco), ubicadas en la carretera Cuautla-Ayala, los campesinos dieron a conocer parte de su plan de acción.

“La CFE no tiene permisos y todo el proyecto se ha llevado a cabo con base en mentiras, imposiciones y con la fuerza pública, como pasa en San Pedro Apatlaco”, donde la madrugada del lunes la Guardia Nacional desalojó el plantón que un grupo de campesinos mantenía desde 2016 para impedir la continuación de la obra.

“Tenemos 19 amparos vigentes. Ya les mostramos las suspensiones de plano y definitivas, pero ellos (los policías de la GN) dijeron: ‘Nosotros no venimos a ver documentos, traemos órdenes precisas de desalojar””, acusó Jorge Zapata González.

El nieto del general Zapata exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la CFE que respeten los amparos y suspensiones de plano contra el PIM, detengan la construcción del acueducto y retiren a las fuerzas federales.

“Sabemos que no lo van hacer y por eso estamos tomando acuerdos para ver qué acciones vamos a realizar en los próximos días”, agregó Zapata, y aclaró que los habitantes de 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades “son los verdaderos dueños del agua del río Cuautla por decreto presidencial desde 1926”.

Insistió en que es ilegal que se lleven el agua de la zona oriente de Morelos para enfriar las turbinas de la termoeléctrica, cuyo inicio de operaciones está previsto para diciembre próximo. Zapata González agregó que el presidente López Obrador ha guardado silencio sobre este asunto “porque sabe que están haciendo mal”.

Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos de Morelos, recalcó que pese al desmantelamiento de los plantones-campamentos seguirán luchando en otros frentes. “Cuando los ejidos se queden sin agua para los cultivos las protestas van arreciar y ello podría derivar en más problemas”, advirtió.

Flores Solís recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les notificó que no había dado permisos a la CFE para que la obra siguiera, por lo que presentaron cinco incidentes de violación de las suspensiones de plano; no obstante, el juzgado sexto “se está dilatando para entregarlas”.

Jaime Domínguez Pérez, detenido y torturado durante la gubernatura del perredista Graco Ramírez (2012-2018) por oponerse al PIM e integrante de los Frentes de Pueblos, aseguró que a pesar de los desalojos “no hemos fracasado. Tal vez se perdió una batalla, pero no la guerra”.