Guadalajara, Jal., Marginación social, violencia, atropellos contra las garantías individuales e invasión del territorio ancestral de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, persisten a pesar de órdenes legales, denuncias penales y juicios agrarios, informó la tercera misión civil de observación de derechos humanos que acudió el fin de semana a ese poblado del norte del estado.
Los visitadores y autoridades tradicionales de la comunidad señalaron que, además del conflicto territorial con caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, existen graves carencias de servicios de salud, educación y agua potable.
La abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Ana Cabral, explicó que durante la visita, realizada el 21 y 22 de noviembre pasados, por tercer año consecutivo se encontró que hay inseguridad generalizada, indígenas víctimas de lesiones, amenazas, intento de homicidio, tortura y desaparición forzada cometida por particulares, todo en respuesta a su lucha por la autonomía y el territorio.
La jurista señaló: “En tres años, en lugar de reconocer la labor de defensa del territorio, se criminaliza a quienes buscan hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma”. Agregó que las agresiones han originado desplazamientos forzados y un rompimiento del tejido social que tendría que ser atendido de manera prioritaria por los gobiernos federal y estatal.
En tanto, Carlos Chávez, integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Comunidades Indígenas (AJAGI), mencionó que la defensa de la demarcación ha motivado tantos ataques contra los comuneros, pues “los terratenientes siguen acostumbrados a que los indígenas nunca han tenido derecho a sus tierras, son sus peones y deben obedecer, una cultura caciquil que ya es inviable”.
Asimismo, el representante agrario de la comunidad, Ramiro Reyes, dijo que las tierras cuya propiedad reclaman y por las que iniciaron un juicio ha sido de ellos desde hace siglos y cuentan con un título virreinal que data de 1733.
El presidente del comité de vigilancia de la misma comunidad, Ricardo de la Cruz, recordó que carecen de servicios públicos, en particular de agua potable, lo que hace que tengan que usar el caudal del río Bolaños, que pasa a un lado del poblado y “presenta altos índices de contaminación, no sabemos qué tiene, pero es diferente al de hace algunos años”.
La secretaria ejecutiva de la Red TDT, Claudia Ignacio Álvarez, afirmó que luego de tres años de mostrar los atropellos que padecen los habitantes de la comunidad se tiene la esperanza de que avance la resolución de fondo del conflicto, pues se han tenido algunos acercamientos con la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.
