Celaya, Gto., La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) inició la queja 103/2020-CI por la muerte de Juan Carlos Padilla Aranda, vendedor de tamales, presuntamente a causa de la golpiza que le propinaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando supuestamente cumplían una orden de aprehensión por abuso sexual, la tarde del lunes.
Los tres policías involucrados en la muerte del comerciante (dos hombres y una mujer), uno de los cuales puso una rodilla sobre el cuello del hombre de 54 años de edad, fueron aprehendidos y sujetos a investigación, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa.
Luego de practicar la autopsia de ley, el Servicio Médico Forense atribuyó la muerte de Padilla Aranda a un infarto, dio a conocer su hija Fátima Padilla.
La PDHG solicitó un informe al director general de investigaciones de la FGE y al del hospital general de Celaya. “Adicionalmente, se realizó una inspección en el lugar de los hechos para recabar las pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido”, refirió la PDHG.
De acuerdo con la familia del comerciante, a las 15:30 horas del lunes Juan Carlos caminaba con su esposa y una nieta por la calle Jaime Nunó, en el Barrio de la Resurrección, cuando fue abordado por tres efectivos de la AIC.
“Ellos le gritaban que se parara. No sabíamos qué pasaba. Mi esposo llevaba a mi nieta de seis años y yo iba caminando atrás de él. Me dijo: apúrate, apúrate”, relató Rosa Isela Zamudio Jasso.
“Les pedimos que se identificaran y mostraran la orden de aprehensión, pero los oficiales no lo hicieron. Mi esposo cayó. Se le subieron para esposarlo y lo golpearon. La mujer que iba con ellos subió a la camioneta y la emparejó para que subieran a mi esposo”, narró.
Zamudio Jasso explicó que Juan Carlos pedía ayuda a gritos porque pensó que lo estaban secuestrando. “Él tenía mucho miedo. Le daban varios nombres y él les decía que no era ninguna de esas personas y siguieron golpeándolo”.
Llegaron más elementos de la FGE y entre seis lo subieron a la camioneta. Después Rosa Isela Zamudio supo que su esposo había sido llevado al hospital general “muy mal herido. A mi hija le dijeron que había llegado muerto, que tenía la mandíbula rota”, acusó la mujer, quien afirmó que su esposo era una persona trabajadora y sin enemigos. “No tenían derecho a quitarle la vida. Llevaba 30 años vendiendo tamales”, recriminó Rosa Isela.
Organizaciones civiles advirtieron que lo ocurrido en Celaya es una muestra de la falta de capacitación y de protocolos de uso proporcional de la fuerza de los cuerpos de seguridad en México.
Miguel Garza, director de investigación aplicada en policía del Instituto para la Seguridad y la Democracia, indicó que la gran mayoría de los gobiernos municipales no cuentan con manuales de uso de la fuerza, por lo que se deja al criterio de cada agente lo que puede hacer para detener a una persona.
“También es muy frecuente que la policía anuncie que sacará de la institución a quienes cometen faltas graves, pero sólo los cambian de área”, afirmó. Por su parte, Verónica Garza, coordinadora del área de incidencia internacional del colectivo Asilegal, destacó que se cometieron tortura y ejecución extrajudicial.
