Nueva York. Ante un coro cada vez más grande de ejecutivos empresariales, legisladores y ex altos funcionarios republicanos presionando por reconocer que el demócrata Joe Biden ganó la elección, el gobierno de Donald Trump está cediendo el paso para permitir la transición política, a pesar de que el presidente aún rehúsa reconocer su derrota.

La agencia federal supuestamente independiente conocida como Administración General de Servicios (GSA), encabezada por Emily Murphy, colocada ahí por Trump, finalmente declaró que Biden es el “ganador aparente” de la elección –paso que había rehusado dar hasta ahora– con lo cual se inicia el proceso formal de la transición presidencial.

Trump, poco después, tuiteó que “en el mejor interés de nuestro país” estaba recomendando que Murphy –quien dijo que había aguantado hostigamiento y amenazas por su lealtad– procediera con lo necesario para la transición y agregó: “le he dicho lo mismo a mi equipo”. Sin embargo, insistió en que “nuestro caso continúa firmemente, mantendremos la buena lucha y yo creo que prevaleceremos”.

Así, casi a tres semanas de las votaciones, el presidente electo podrá empezar el proceso de transición a la Casa Blanca. Con la decisión de la GSA, Biden y su equipo finalmente tendrán acceso a fondos federales para la transición, establecer comunicaciones para ese efecto con al agencias del gobierno, y empezar a recibir sesiones informativas que incluyen el manejo de la pandemia, reportes de inteligencia y seguridad nacional.

El equipo de transición de Biden dio la bienvenida al anuncio declarando que los integrantes del equipo de Biden organizarán reuniones con oficiales federales “para discutir la respuesta a la pandemia, hacer la contabilidad de nuestros intereses de seguridad nacional” y obtener información necesaria para el traslado del control de la burocracia federal.

Los esfuerzos de Trump para descarrilar el proceso siguen fracasando; ayer el estado de Michigan certificó los resultados que favorecen a Biden, a pesar de una extraordinaria intervención personal del presidente que buscaba frenar ese paso. El sábado, un juez federal descartó una demanda legal del equipo de campaña de Trump para evitar la certificación del voto favoreciendo a Biden Pensilvania, algo que se espera en las próximas horas. La certificación del voto en ambos estados sella la derrota de Trump, aunque su campaña sigue contemplando otras maniobras para descalificar ese resultado.

La creciente presión para iniciar la transición, empezando con la decisión de la GSA, se intensificó ayer, cuando más de 160 líderes empresariales exigieron que Murphy reconociera a Biden como presidente electo en una carta abierta, donde advirtieron que no compartir recursos e información vital “con un gobierno entrante pone en riesgo la salud pública y económica y la seguridad de Estados Unidos”.

Al mismo tiempo, durante los últimos días un número creciente de legisladores federales republicanos empezó a romper con el presidente sobre del asunto, y ayer se sumaron algunos de los más influyentes. El senador veterano Lamar Alexander declaró que Trump “debería poner al país primero” y permitir la transición presidencial, advirtiendo que “cuando uno está en la vida pública, la gente recuerda lo último que hiciste”.

Otros senadores, como Rob Portman, igual que Alexander, alineado con Trump durante mucho tiempo, expresaron que era hora de proceder con la transición.

A la vez, más de 100 ex funcionaros republicanos de seguridad nacional e inteligencia –incluidas figuras como el ex secretario de Seguridad Interna Tom Ridge, el ex director de Inteligencia Nacional John Negroponte, y el ex jefe de la CIA Michael Hayden– firmaron una declaración en la cual denunciaron que la negativa de Trump a aceptar su derrota y permitir una transición pacífica y ordenada constituye “una amenaza seria” al proceso democrático y que era tiempo de que el liderazgo republicano exigiera al presidente públicamente que ponga fin a “su asalto antidemocrático sobre la integridad de la elección presidencial”.

Trump y su equipo continúan insistiendo en que hubo un fraude masivo y otras irregularidades electorales y que sólo están “defendiendo la integridad” del proceso democrático con sus quejas y demandas legales. La mayoría de las más de 30 demandas legales han sido rechazadas por jueces debido a falta de evidencia.