El gobierno busca impulsar la inclusión de jóvenes en la ejecución de las auditorías de la Federación, de acuerdo con un proyecto publicado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

El documento contiene los nuevos lineamientos para la designación, evaluación y remoción de despachos de auditores externos encargados de la fiscalización del patrimonio público federal. La propuesta sustituiría al acuerdo vigente desde febrero de 2023.

Entre sus principales elementos, el proyecto incorpora una estrategia destinada a ampliar la participación de profesionales en las tareas de auditoría. Para eso, crea la figura del “despacho de jóvenes auditores externos”, definida como aquella persona moral cuya plantilla técnica –gerentes, supervisores y auditores– esté integrada en al menos 80 por ciento por personas de entre 20 y 29 años. Estos despachos deberán contar únicamente con un auditor de estados financieros con tres años de experiencia, requisito menor frente a los 10 exigidos a los despachos generales.

El proyecto señala que esta medida busca fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción al incorporar a nuevas generaciones con formación técnica y compromiso con la rendición de cuentas. Además, establece una vigencia diferenciada para estos despachos, que será de dos años, frente a los tres otorgados a los bufetes generales. También introduce un régimen de progresión que requerirá acreditar requisitos adicionales a los dos, cuatro y seis años para mantener su registro, lo que permitirá una transición gradual hacia los estándares generales. Una vez concluido ese periodo, los despachos no podrán volver a registrarse bajo la modalidad de jóvenes.