on información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el pasado miércoles El Universal publicó una nota desalentadora, que da cuenta de uno de nuestros grandes descuidos: el empleo. “El personal ocupado en la industria manufacturera reportó una caída anual de 2.6 por ciento en septiembre pasado, ligando dos años y medio a la baja desde marzo de 2023”, dice la nota de Rubén Migueles (“El empleo manufacturero suma 2.5 años a la baja”, El Universal, 19/11/25).
Y agrega: “16 de las 21 actividades que conforman al sector reportaron un retroceso anual en septiembre, destacando la fabricación de equipo de transporte, con 7.6 por ciento. Esta rama concentra la mayor parte de los trabajadores, con 18 por ciento del total (…) Además, en 25 de los 32 estados del país hubo contracción del empleo manufacturero. Esas entidades participan con 96.5 por ciento del total de trabajadores empleados en actividades que integran al sector”.
Malos números, pésimas noticias que sin ser, desafortunadamente, recientes, sí apuntan a una verdad de Perogrullo: sin crecimiento económico no hay generación de empleo formal, bueno y suficiente, para atender a los millones de mexicanos que lo solicitan.
El reto que el empleo (nos) plantea es mayúsculo, no sólo porque es un factor determinante del potencial de crecimiento económico, sino porque constituye la principal fuente de ingresos de los mexicanos. De hecho, debería ser tema presente en y entre partidos, políticos, gobernantes, empresarios, acádemicos, medios de comunicación, pero no es el caso; entre nosotros, dadas las machaconas evidencias, el crecimiento económico no importa. Y, por lo visto, tampoco el empleo, que casi en su mayoría es informal.
En una sesión de trabajo reciente, José Casar ilustraba la “suma” de nuestro ya prolongado deterioro económico: entre 2000 y 2018, la economía mostró una tasa mediocre de 1.7 por ciento, aunque menos impresentable que la reportada entre 2018 y 2024, que fue de 0.8 por ciento.
Si bien, nos dijo, en el tercer trimestre de 2022 la economía recuperó su nivel máximo anterior (tercer trimestre de 2018), entre ese trimestre y el tercer trimestre de 2023 apenas creció 3.4 por ciento, pero en los siguientes cuatro trimestres sólo avanzó 1.5 por ciento.
Números que dejan de ser meras referencias cuando advertimos que este empeño militante en negar la realidad ha significado no sólo que el empleo esté estancado y que el ingreso real por hora trabajada crezca poco, incluso con los justos aumentos registrados al salario mínimo, sino que se agotó el (poco) margen de acción de la política fiscal y, renuentes como han sido a realizar una reforma fiscal redistributiva, se opta por una contracción (“bendita” austeridad) del gasto programable, que para enero-septiembre de 2025 fue un 6 por ciento inferior al mismo periodo (enero-septiembre) de 2024, según el reporte de Finanzas Públicas y Deuda Pública.
Reconocer que nuestra economía tiene años postrada es, debe ser, punto de inicio y desde aquí sumar voces y voluntades para realizar una profunda reforma fiscal, dotar al Estado con los ingresos necesarios para impulsar y financiar el desarrollo; impulsar el crecimiento económico y transformar la estructura productiva, propiciar la redistribución. El estímulo a la creación de empleos de calidad y salarios justos debe convertirse en objetivo central de la estrategia de desarrollo.
Requerimos, hay que insistir, retomar la planeación, ser capaces de formular –y desde luego financiar– infraestructura (vías de comunicación, aeropuertos, puertos marítimos); impulsar la educación y la capacitación para un mundo de conocimientos y tecnologías en cambio acelerado; dar atención al territorio –priorizando zonas rezagadas– y al desarrollo sustentable.
De no hacerlo, la economía seguirá mostrando señales desalentadoras que nos seguirán enfilando hacia un perverso triángulo: estancamiento económico, profundización de las desigualdades y creciente violencia criminal.
