Campesinos cañeros bloquearon más de 12 horas la autopista Champotón-Campeche, para exigir a la gobernadora Layda Sansores un subsidio de entre 300 y 400 pesos por tonelada, pues su precio era de 972 pesos, y ante la apertura del mercado a la importación del producto, los precios se desplomaron.

Los labriegos acudieron el martes a la capital para pedir una audiencia con la mandataria, pero los enviaron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde les ofrecieron atender sus demandas, pero no lo han hecho.

Los inconformes, provenientes de comunidades rurales de Champotón, que entregan su cosecha al ingenio La Joya, cerraron ambos carriles de la autopista así como la ruta alterna, por lo que quedaron varados cientos de vehículos, la mayoría autobuses y tráileres.

Los agricultores fueron recibidos en Campeche por Eliza Hernández Romero, secretaria de Gobierno, quien les ofreció incluir sus peticiones en la reunión nacional para resolver el problema, pero los quejosos insistieron en que la demanda es que la gobernadora se comprometa a darles el subsidio solicitado, lo que no les garantizó.

También se reunieron con Roxa-na Rivera Peña, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para plantear sus peticiones. El encuentro se prolongó hasta las 18 horas sin acuerdos concretos, por lo que se mantuvo el cerco vial que comenzó a las 9.

Alrededor de las 7 de la noche, decenas de policías antimotines se trasladaron en patrullas y camiones hasta el punto del bloqueo con la intención de liberar la vía. Luego de tensas negociaciones, los líderes cañeros se comprometieron a acudir a la reunión nacional el viernes de la próxima semana; poco después, la vía de comunicación fue liberada a la circulación.

En Valle de Guadalupe demandan certeza jurídica

Las asociaciones y productores vitivinícolas y olivícolas de Valle de Guadalupe, en Baja California, advirtieron que la reforma a la Ley de Aguas no garantiza justicia hídrica y se manifestaron porque se reconozca como derecho humano dentro de los procesos de producción y desarrollo económico al considerarse un bien público, social y cultural, no monetizable.

Consideraron que la iniciativa federal es bien intencionada aunque ignora las realidades productivas del norte de México y contiene disposiciones que ponen en riesgo la viabilidad de sus actividades productivas, la seguridad jurídica de sus derechos y, en consecuencia, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de esta región.

Se pronunciaron porque en las concesiones vigentes se mantengan los derechos adquiridos y permitir la transmisión vinculada a la tierra durante al menos 30 años.