En la Ciudad de México, el delito de despojo será castigado con 11 años de prisión, con 13 nuevas agravantes que elevan la sanción al doble. Además, el término para que comience a correr la prescripción de un despojo empezará a contar a partir de la restitución del inmueble, y “hasta en tanto no suceda lo anterior, no se aplicarán las reglas de prescripción”, aprobó el Congreso local.

Con la aprobación de un paquete de reformas se endurecen las penas contra los notarios que simulen contratos respecto de bienes que hayan recaído en un acto de despojo, y los responsabiliza “por aquellos actos que asienten en una escritura pública y que, por negligencia o mala fe en la verificación registral o documental, deriven en despojos de inmuebles”.

El dictamen aprobado por unanimidad refiere que el número de delitos de despojo en la ciudad ha fluctuado alrededor de 3 por ciento en los dos años recientes, pues en los primeros nueve meses de 2023 hubo 2 mil 983 casos; en ese mismo periodo de 2024 la cifra se redujo a 2 mil 814 y luego aumentó a 2 mil 896 en este año.

Otro dictamen aprobado endurece hasta con dos años de prisión a quien cometa el delito de amenazas y se incluyen agravantes que se castigarán hasta con tres años de prisión y multas económicas de hasta 900 unidades de medida y actualización (UMA) –poco más de 101 mil pesos– si el amago se hace entre una pareja o entre miembros de una familia. Se avaló que este delito se persiga por querella.

También se votó a favor una reforma para castigar hasta con 10 años de prisión y hasta 2 mil UMA –más de 226 mil pesos–, al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir. Además, la pena podrá aumentarse en una mitad en contra de quienes tengan funciones de administración, dirección, supervisión u organización dentro del grupo.

Asimismo, se avaló castigar el delito de lesiones por razones de género o en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Se incluyeron diversas agravantes en caso de que el delito se cometa en un matrimonio, en cualquier ámbito familiar, laboral, escolar o comunitario, cuando haya expresiones de odio, humillación o desprecio, o cuando se realice frente a menores de edad, entre otros.

Según el dictamen, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70 por ciento habían experimentado al menos un incidente de violencia sicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación.