o sólo el problema de los granos básicos ocupa ahora a las personas agricultoras. Hay preocupación también por las implicaciones que tenga la iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. Ésta comienza a ser analizada y discutida en parlamento abierto en diversos sitios de la República. Para esto, hay que partir de los impactos más significativos de la institucionalidad neoliberal en la administración del agua y la energía.
Uno de ellos es la realidad del doble robo. No hablamos en términos beisboleros, tan en boga en estos días. Se trata de un doble despojo a la nación: se le roba el agua y se le roba energía eléctrica en grandes volúmenes. Más explícito, se le roba electricidad para extraer ilegalmente agua del subsuelo para uso agrícola. Wattchicol para hacer posible el aguachicol.
En respuesta a una solicitud de información fechada el 19 de febrero del presente año, la Comisión Federal de Electricidad reconoce que de enero de 2018 a diciembre de 2024 operaron en el país 5 mil 880 pozos agrícolas a los que les suspendió el suministro de energía eléctrica por nunca haber contratado dicho servicio. Un robo de electricidad puro y duro. Esos son los datos oficiales de la CFE, pero, como diría García Márquez, la realidad es peor: se calcula que tan sólo en el estado de Chihuahua hay más de 5 mil pozos ilegales y no sería extraño que en todo el país llegaran casi a 20 mil los pozos agrícolas que operan sin concesión de agua.
Todo esto es el primer aspecto del problema. Muy grave, pero desgraciadamente no el único. Porque los propietarios de esos pozos no pagaron ni un centavo por energía eléctrica, aunque hubieran podido acceder al subsidio del PEUA (Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola). No lo hicieron porque no tenían concesión, es decir, no tenían permiso del gobierno federal para extraer esa agua del subsuelo.
Ahí es donde se configura el otro robo: el de las aguas nacionales.
¿Cuánta agua pueden saquear los propietarios y/u operadores de los pozos ilegales? Un primer cálculo: calculando que cada uno de esos pozos cuenta con un motor (bomba) de 100 caballos de fuerza, extrae 35 litros por segundo y trabaja 274 días al año, el total de agua extraída del subsuelo sería de 825 mil metros cúbicos anuales. Multiplicados por 5 mil 880 pozos, el total del recurso hídrico saqueado a la nación ascendería a 4 mil 851 millones de metros cúbicos, más que todo el almacenaje de la Presa Internacional La Amistad, sobre el río Bravo, la séptima en capacidad del país. Y la cantidad de energía saqueada a la nación sería de 4 mil 241.36 gigawats con un valor de 5 mil 160 millones 890 mil pesos.
Este doble fenómeno de robo del agua, aguachichol, y de la energía eléctrica, wattchicol, constituye un gran saqueo a la Nación. Está sobrexplotando nuestros acuíferos y provocando fallas por la sobredemanda de energía, sobre todo en el norte del país, afectando a los sectores doméstico e industrial. Además, desincentiva a los productores que quieren pagar debidamente la energía que consumen, pues ven cómo algunos de sus vecinos no pagan un centavo por ella con total impunidad.
Si se combatiera de manera efectiva y se clausuraran cuando menos 5 mil pozos ilegales, la nación, gastando sólo en medición, inspección y procesos jurídicos, se podría ahorrar más de 5 mil millones de pesos en energía eléctrica y un volumen de agua de cuando menos el doble de los 2 mil 600 millones de metros cúbicos que se recuperará con la tecnificación de 16 distritos del Programa Nacional de Tecnificación del Riego, cuya inversión será de casi 57 mil millones de pesos.
Dejamos para otra entrega tratar los impactos de la legislación neoliberal del agua en cuanto sobreconcesión y explotación por encima de los volúmenes concesionados.
La nueva legislación hídrica en proceso deberá contemplar estos impactos propiciados por el régimen neoliberal de agua y energía. Deberá buscar que la población entienda que la única manera de preservar y acceder equitativamente a los comunes es mediante una política de Estado que regule, administre y sancione a quienes los saqueen y que eso no es socialismo ni estatismo, tan sólo preservación del interés general o el bien común, como dicen otros. Para esto es necesario que las instituciones con que el Estado cuenta para implementar esa política, como Comisión Naiconal del Agua, sean dotadas de las herramientas, de los recursos materiales, tecnológicos y humanos para llevar a cabo esa tarea. No basta la ley. Si no hay con qué vigilar su cumplimiento, tendremos aguachicol y wattchcicol para rato.
