n respuesta al clamor social de seguridad generado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer que su administración ya comenzó a delinear a partir de este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se trata de una “una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida; de que la paz no se construye con fuerza, sino con las personas y el respeto a las comunidades”. El plan, que se espera tener listo a principios de la próxima semana, se construirá a partir del diálogo abierto con todos los sectores de la entidad y se basará en tres ejes centrales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.
Lo informado por la mandataria supone un paso en la dirección correcta, es decir, atender como prioridad y con todos los recursos institucionales situaciones de descontrol estatal o regional. El ejemplo de Sinaloa, donde afortunadamente se ha ido superando la grave crisis decantada por el injerencismo estadunidense, es una muestra de lo que se puede lograr cuando existe voluntad política y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, además del condenable homicidio del edil y de las diversas modalidades delictivas que los ciudadanos padecen en su cotidianidad, es necesario lamentar el afán de instrumentalizar la tragedia por parte de sectores partidistas, corporativos y mediáticos que desde 2018 arrastran un resentimiento político estéril y una inocultable nostalgia del poder. El encono de dichos grupos se agravó cuando la estrepitosa derrota en la elección presidencial del año pasado les hizo ver el duradero rechazo que sembraron en la ciudadanía, y hoy, de manera oportunista, exhiben una presteza y una coordinación que nunca mostraron cuando controlaron el gobierno a fin de explotar el asesinato de Manzo para procurar por la vía de la desestabilización lo que las urnas les negaron.
Asimismo, es evidente la sintonía de los buitres locales con sectores del gobierno de Estados Unidos que siguen emitiendo mensajes ominosos de talante abiertamente intervencionista. Además de las declaraciones cada día más inapropiadas del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador de Washington en México, Christopher Landau, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cometió ayer la impertinencia de afirmar que “continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de droga dentro de su país”. La vocera haría bien en enterarse de que las coerciones no tienen cabida en las relaciones entre estados soberanos; en todo caso, la administración para la que trabaja tendría que exigir a sus propias instancias que emprendan acciones creíbles contra el lavado de dinero dentro de su territorio, desmantelar los cárteles locales y foráneos en el interior del mismo, controlar el libertinaje del tráfico de armas y encargarse de atajar la voraz demanda estadunidense de estupefacientes, la cual origina y financia toda la industria del narcotráfico. El Ejecutivo del país vecino, por otra parte, podría ocuparse en coordinar los discursos de sus funcionarios, quienes con frecuencia emiten mensajes encontrados y contradictorios, hasta el punto en que alaban la cooperación y el excepcional entendimiento bilateral y segundos más tarde profieren amenazas y groserías.
Frente a esta conjunción de factores, Palacio Nacional tiene la tarea de mantener una constante formulación de estrategias, pues además de impulsar la justicia social y el bienestar regionales y nacional, debe articular ese impulso con la contención de la violencia criminal –como se pretende con el Plan Michoacán–, sortear el cada vez más virulento golpeteo político interno y neutralizar las asechanzas injerencistas de Washington.
En lo que toca a las dirigencias opositoras, si desean jugar un papel positivo en la construcción de la paz, es preciso que aprendan a vivir en democracia y a construir un proyecto de nación alternativo al del oficialismo, pues resulta deplorable que sus respuestas ante el repudio del electorado consistan en aprovecharse de circunstancias trágicas –como el homicidio del edil de Uruapan o la reciente catástrofe causada por las lluvias– para lanzar campañas contra el gobierno, ofrecerse como instrumentos del intervencionismo o presentarse como portavoces no sólo de la justa y real indignación de la sociedad michoacana por el crimen contra el alcalde Manzo, sino también de una inexistente irritación social masiva y de escala nacional.
