La ministra Lenia Batres Guadarrama será la responsable de elaborar el proyecto con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si debe mantenerse vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, al ser acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pleno de la Corte atrajo el asunto desde el pasado 8 de octubre, con una votación dividida de cinco a cuatro. Sin embargo, en ese momento no se asignó de inmediato a un ministro para que llevar el asunto.

En este caso, el máximo tribunal del país analizará el recurso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que una jueza federal de Reynosa concedió al ex mandatario en noviembre de 2023, mediante el cual se dejó sin efecto una orden de captura en su contra.

Bajo la carpeta de amparo en revisión 435/2025, Batres deberá elaborar el proyecto que será sometido a votación del pleno. Mientras tanto, el proceso sigue su curso, pues hoy la Corte notificó en listas electrónicas que concedió a la defensa del ex mandatario estatal acceso al expediente electrónico del caso de su cliente.

El proceso se originó en la orden de captura emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal de Almoloya de Juárez, estado de México a solicitud de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de delitos derivados de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Según la fiscalía, el ex mandatario habría beneficiado a empresas de las que era socio con contratos públicos por 105 millones de pesos.

El 11 de octubre de 2022 promovió un recurso en Tamaulipas contra la orden de aprehensión. En febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez le concedió la protección, pero el fallo fue revocado en agosto por un tribunal colegiado.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, la jueza Adriana Vega Marroquín volvió a otorgarle el amparo y ordenó dejar sin efecto la orden de arresto, al concluir que no existían datos que acreditaran delitos de delincuencia organizada ni su probable participación.