San Martín: huelga legal y firme // Patada al ego de Germán Larrea // Fin a 18 años de impunidad
ara la soberbia del tóxico Germán Larrea y el largo historial de impunidad de su Grupo México, la reciente decisión de un tribunal colegiado en contra de ese corporativo es una patada directa al ego y al hígado, al tiempo que reivindica el derecho de huelga de los mineros de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, y da puntual cuenta de que ya no opera la pandilla judicial, protectora de los barones y otros delincuentes de cuello blanco.
Dieciocho larguísimos años han transcurrido desde que el 30 de julio de 2007 –en el sexenio calderonista–, los mineros de San Martín estallaron la huelga, simultáneamente con los de Cananea, Sonora, y Taxco, Guerrero (las tres concesionadas a Grupo México), por la permanente violación del contrato colectivo, despidos injustificados, uso de esquiroles y grupos de choque en contra de los trabajadores y ausencia de medidas de seguridad (recuérdese que por esto último, en febrero de 2006 murieron 65 mineros en Pasta de Conchos, sin que la “autoridad” fincara responsabilidad al citado corporativo).
La Jornada (Jared Laureles) lo reseñó así: “El Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, logró un nuevo fallo a su favor frente a Grupo México, luego de que, por unanimidad, un tribunal colegiado rechazó (por ‘improcedente’) el recurso de inconformidad promovido por la empresa y su organización gremial patronal (sindicato blanco) con el que pretendían dar por terminada la huelga en la mina San Martín. Es un nuevo revés para el corporativo, además de que confirma el derecho constitucional de la huelga; a los trabajadores de la sección 201 deben pagarles los salarios caídos y cuotas de seguridad social”.
Al estallar las tres huelgas, Felipe Calderón despachaba como inquilino de Los Pinos, Francisco Ramírez Acuña en Gobernación, Javier Lozano Alarcón en Trabajo y Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República, y los cuatro operaron para proteger a Germán Larrea y “resolver” la huelga a sangre, fuego y garrotazos. De hecho, en 2010 Borolas envió a la Policía Federal a la histórica mina de Cananea, en una decisión similar a la que los gringos tomaron en junio de 1906. A la par, el barón amenazó con “cerrar definitivamente” (lo hizo en incontables ocasiones y lamentablemente nunca cumplió) la principal fuente de ingresos de Grupo México. Ese año, en Bucareli despachaba Fernando Gómez Mont, a la par abogado corporativo del secretario de Gobernación y del propio Larrea. A ese extremo llegaron.
El hecho concreto es que a lo largo de tres gobiernos –incluido el primero de la transformación–, las huelgas mineras se mantuvieron en el limbo jurídico, siempre para proteger al tóxico Larrea y su Grupo México, con todo y que ellas cumplían todos los requerimientos legales. Pero los mineros son de acero y no se han doblegado a lo largo de 18 años. Se mantienen firmes y ahora obtienen un triunfo de gran relevancia, pues si bien la decisión del tribunal colegiado específicamente es sobre la mina San Martín, por obvias razones tal determinación impacta positivamente en Cananea y Taxco.
A lo largo de esos 18 años, la cantaleta de Germán Larrea –poseedor de la segunda fortuna más grande del país, cercana a 30 mil millones de dólares– y Grupo México ha sido que “no tenemos dinero” para atender las demandas de los mineros. Invirtieron una millonada para garantizar la protección que les garantizaba la pandilla judicial y utilizaron la “técnica” del barón de los abonos chiquitos, es decir, aplicar todos tipo de trucos legales, legaloides y abiertamente ilegales para “olvidar” las tres huelgas y su responsabilidad patronal. Pero con todo y la exasperante “lentitud” de los “impartidores de justicia”, que felizmente ya pasaron a retiro, parece que se abre una puerta amplia para resolver este ignominioso caso.
Y es cuestión de echar números: ¿cuánto deberán erogar el tóxico barón y su corporativo por 18 años de salarios caídos y cuotas de seguridad social acumuladas, amén de lo que deban invertir en seguridad de los trabajadores? Si hubieran sido más inteligentes y menos soberbios, debieron resolver este asunto en julio de 2007, es decir, sin llegar al estallido. Pero no: les ganan el ego y la impunidad que compraron a lo largo de los años. Pero se acabó.
Las rebanadas del pastel
La buena, que en los primeros nueve meses de 2025 se crearon un millón 235 mil 214 puestos de trabajo en el país; la mala, que fueron informales, es decir, sin prestación alguna y cifra apenas menor a la de 2011; y la peor, que en ese periodo se cancelaron cerca de 312 mil empleos formales.
X: @cafevega
