Alrededor de 800 jueces y magistrados que fueron cesados o renunciaron a participar en la elección judicial de junio pasado aún no reciben el pago de indemnizaciones extraordinarias, que incluían tres meses de sueldo y 20 días por año trabajado.

Froylán Muñoz Alvarado, ex magistrado adscrito en Michoacán, y Faustino Gutiérrez Pérez, juez de distrito en retiro, señalaron que conforme a los transitorios décimo del decreto de la reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024 y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), los impartidores de justicia que declinaron su candidatura o que no resultaron electos serían acreedores a un pago extraordinario, el cual debía ser cubierto con los recursos que derivarían del proceso de extinción de los fideicomisos que operaba el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Sin embargo, recordaron que en abril de este año, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación el dinero que el CJF le había encomendado para su administración.

Ayer, poco más de 50 ex juzgadores se manifestaron en instalaciones del Órgano de Administrador Judicial (OAJ) de la colonia Guadalupe Inn, donde bloquearon la avenida Revolución con dirección de Sur a Norte durante media hora, lo que causó que conductores se molestaran.

Muñoz Alvarado indicó que el incumplimiento de dicha disposición constitucional afecta “gravemente” a las familias de los juzgadores, en particular a las mujeres que son cabeza de familia y tienen a su cargo hijos, así como a padres mayores de edad, compromisos escolares, pagos de hipotecas y deudas en general.

“A esto se suma el impedimento constitucional de no poder ejercer la profesión durante dos años en la entidad donde fueron cesados injustificadamente; por eso la manifestación, para que las autoridades cumplan con lo que se determinó en el décimos transitorio de la reforma constitucional.”

Gutiérrez Pérez destacó que sí hay diálogo con las autoridades, pero ha sido en vano, “porque no nos han pagado absolutamente nada. Algunos tenemos entre 10 y 11 meses de que nos retiramos y no nos han dado un solo centavo. Eso es lo único que estamos exigiendo, que ya nos paguen la indemnización que está establecida en el artículo décimo transitorio.

“Hay que recordar que tenemos prohibido litigar dos años en el lugar donde fuimos juzgadores. Entonces, necesitamos que nos paguen esa indemnización, porque es un derecho que tenemos como trabajadores que fuimos cesados”, subrayó.

Los ex impartidores de justicia se reunieron con el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, y e integrantes del pleno de esa institución, quienes les dijeron que se solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación del presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos para el pago de indemnizaciones extraordinarias.

Por ello, confiaron en que este mes se cumpla con el pagó único de tres meses de salario más 20 días por cada año laborado, además de prestaciones de ley de fin de año.