La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México investiga una red que operaba un negocio particular a costa del erario y del agua pública por medio de pipas desde la alcaldía de Tlalpan durante la gestión de Alfa González Magallanes.

En las zonas altas de la demarcación, el bombeo para el abasto de agua que realiza la Secretaría de Gestión Integral del Agua no tiene la suficiente presión para llegar a pueblos como Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, Ajusco y San Miguel Chicalco, entre otros, por lo que se mantiene un programa de abasto con pipas subsidiadas.

El programa que se creó desde la administración de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, operaba con un esquema social: pipas contratadas por la alcaldía abastecían a las familias con un control de viajes y supervisión de entregas.

De acuerdo con la investigación que la Contraloría lleva a cabo por presuntos actos de corrupción, el esquema se modificó en la pasada administración mediante un padrón irregular, con el cual se hizo una presunta venta ilegal de números económicos, que era la forma en que se registraban las pipas del programa, entre 50 mil y 100 mil pesos.

Con los números, los piperos, incluso de empresas privadas, eran incluidos en el padrón oficial para que los camiones cargaran agua como sin fuera de apoyo social, pero ellos hicieron su propio negocio y la revendían a particulares e incluso a empresas.

La red de operación involucra desde funcionarios de alto nivel hasta operadores de las garzas y cobradores, algunos de los cuales ya fueron cesados.

Padrón irregular

Entre los puntos que se han destacado en la operación de este uso ilegal del programa está el crecimiento del padrón. De acuerdo con los registros, la administración de Alfa González recibió 211 pipas, que aumentó a 332, es decir, 52 por ciento.

En julio de 2024, mes de elecciones, también se detectó el ingreso de siete asociaciones de piperos, lo que sumó a este negocio 70 camiones, incremento que no resolvió la demanda social.

Sin embargo, el pago por la inscripción al programa, con la aprobación de Norma Salazar Sánchez, al ser la jefa de unidad departamental de agua potable en pipas, no fue la única irregularidad porque las pipas con el registro oficial cobraban por viaje, cargaban y surtían agua para comercializarla entre particulares.

Para aplicar esta forma de operar se duplicaron o falsificaron los folios, que eran los registros de las personas beneficiadas ante la falta de agua.

Además, aprovechaban para cobrar el doble a la alcaldía por un servicio que no otorgaban y al cliente por la comercialización del líquido.

Al respecto, la Contraloría detectó que los viajes fueron simulados tras encontrar que había falsificación de comprobantes, por medio de los cuales cobraban los viajes no realizados. Con esta forma de operar se consolidó una red clientelar con fines económicos y políticos, que al ponerle fin la actual administración generó el enojo de piperos que se manifestaron recientemente bloqueando vialidades.