Dora Elena Delgado Barraza se niega a abrir la urna funeraria que contiene los restos de su esposo. No sabe si dentro hay cemento, arena, grava o tierra. Así como ella, hay mil 500 familias esperando encontrar una certeza en el “crematorio del horror” que mantiene a Chihuahua en una inédita crisis sanitaria de fraude, negligencia y omisiones delictivas por parte del gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván.

A cuatro meses del hallazgo de 386 cuerpos embalsamados sin incinerar, correspondientes a 213 hombres, 165 mujeres y ocho indeterminados, que fueron almacenados durante cuatro años en condiciones insalubres e ilegales en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa en Ciudad Juárez, por primera vez se ha interpuesto una denuncia penal por el delito vinculado con la desaparición de personas.

“A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre, destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá una pena de 15 a 20 años de prisión”, estipula el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Dora Elena decidió ser la primera en exigirle al gobierno, por medio de la denuncia penal 37-2025-0029463 interpuesta ante la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que identifique debidamente los restos de su esposo, fallecido el 30 de junio del año pasado.

“Estos cuerpos están desaparecidos. Hay cuerpos, pero no tienen nombre. No he tenido el valor de abrir la urna, está sellada”, dice Dora Elena, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, en entrevista con La Jornada.

Comenta que gracias a la urna sellada, pudo actuar judicialmente frente al silencio institucional del gobierno estatal, que sólo ha identificado 123 cuerpos y se niega a recibir denuncias mientras no existan restos mortales.

En tanto, las familias que ya recibieron un cuerpo han interpuesto 85 denuncias por fraude contra el crematorio y las seis funerarias cómplices: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

Duelo interrumpido

Desde el pasado 27 de junio, día del hallazgo de los 386 cuerpos, los afectados han vuelto a vivir el duelo, que ahora ha quedado interrumpido. A los dos días de lo sucedido, Dora Elena tomó la iniciativa de formar el colectivo Justicia para Nuestros Deudos.

“Cuando yo vi a toda la gente en las oficinas del crematorio, familiares desesperados, y luego cuando fui a la funeraria, estaba la gente desbordada, mientras ahí nos trataban con una falta de respeto; mandaron llamar a Seguridad Pública, me intentaron sacar dos veces del lugar, pero me resistí porque estaba apoyando a la gente.”

Añade: “La gente lloraba con sus urnas. Fueron escenas de frustración, tristeza, coraje y mucho sentimiento, porque volvimos a vivir el duelo. La afectación generada por un fallecido no es sólo a una persona; es al abuelo, a los padres, a los tíos, a varias generaciones”.

Cuenta que su esposo murió el 30 de junio de 2024 y recuerda que del crematorio le llevaron las cenizas a su casa. La urna que le dieron decía “Crematorio memorial”, pero el documento señalaba otro lugar: “Ese crematorio me dijo que no cremó a mi esposo. Ellos me dan un papel que dice ‘Crematorio Renacimiento’. Es una vorágine, nos entra la duda, sobre todo con el caos que estamos viviendo”.

Dora Elena prepara el altar que las familias van a colocar en el centro histórico de Ciudad Juárez para rendir el respeto a sus deudos el próximo 2 de noviembre: “Vivimos en la incertidumbre, angustia e impotencia. El gobierno de Chihuahua simula hacer, pero no hace”.

Cuando murió su esposo, inició una terapia sicológica y hace unos meses pensó que ya había cerrado un ciclo: “Me alejé de mi trabajo para vivir mi duelo. Pensé que iba a poder cerrarlo, pero no. Son duelos muy íntimos los que estamos viviendo. Es mi pérdida, hace un año la gestioné y ahora, cuando creía que ya estaba lista, resulta que no. Es terrible vivir con la incertidumbre. Veo mucho enojo, frustración. Los familiares dicen que nos dan atole con el dedo. Y es que no nos resuelven, al contrario, el gobierno nos pone trabas”.

Proceso tortuoso

Las familias de los fallecidos han pasado por un complicado proceso para identificar los restos. El primer método utilizado por los familiares fue el reconocimiento de prendas de vestir, algo que resultó sumamente doloroso y tortuoso para todos.

La doctora Edith Gabriela Reyes Tovil critica la mala actuación de las autoridades de Chihuahua involucradas en este caso. Su hijo, Carlos Esteban Carreón Reyes, murió el 20 de diciembre de 2021 a la edad de 27 años, y todavía no tiene la certeza de que sus cenizas estén en la urna que recibió de la funeraria Luz Divina.

“En el Semefo (Servicio Médico Forense) me dijeron que solamente un antropólogo forense me puede decir la verdad. Yo traigo la zozobra, la tristeza, la indignación de ver cómo trataron de manera denigrante los cuerpos de nuestros familiares.”

Comenta que no han sido bien atendidos por el gobierno estatal, a pesar de que los responsables son el municipio de Ciudad Juárez, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), la Secretaría de Salud, Registro Civil, Semefo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la fiscalía y el gobierno de Chihuahua.

Detalla que el primer proceso de identificación fue rehidratar los cuerpos para obtener la huella dactilar e identificarlos con la base de datos del INE; luego llegaron las tomas de ADN: “Estamos viviendo un shock con estrés postraumá-tico. Yo había llevado bien el duelo de mi hijo por su enfermedad, pero ahora el duelo lo estoy volviendo a vivir con enojo, impotencia, coraje, tristeza y la impresión de ver la foto que difundieron las autoridades con los cuerpos amontonados como si estuvieran en el Holocausto, es algo muy fuerte. Hay gente que no quiere reconocer las prendas de vestir de sus familiares porque es revivir todo otra vez”.

Impunidad

No es la primera vez que en Ciudad Juárez hay problemas de este tipo. En 2020, el mismo crematorio Plenitud fue denunciado por la acumulación de más de 63 cuerpos que no habían sido cremados. En ese entonces, el gobierno lo suspendió, pero solamente de manera temporal; al poco tiempo, reanudó sus actividades.

La impunidad en este rubro ha sido la constante. María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del DIF estatal y madre de la gobernadora panista Maru Campos, fue la directora de Coespris de 2016 a 2021, y fue quien autorizó el funcionamiento del crematorio Plenitud durante el gobierno del entonces gobernador panista y ahora morenista Javier Corral.

“En Ciudad Juárez, la corrupción permite abrir crematorios sin los permisos correspondientes; hay funerarias sin condiciones. En este caso, los dueños son la familia Arellano Cuarón, muy cercana a los gobiernos panistas. La impunidad no camina sola, va de la mano de la corrupción”, dice Dora Elena.

Agrega: “Hubo irregularidades en la normatividad de Coespris y del Registro Civil, porque existen actas que dicen que hubo inhumación y las familias tienen arena en lugar de las cenizas. Queremos que asuma el gobierno del estado las ilegalidades que cometieron. Y la reparación a todas las familias que hemos sufrido esto”.

El pasado 30 de junio, las autoridades arrestaron a José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Plenitud, y a su empleado Facundo Martínez Robledo: “Detuvieron sólo a uno de los hijos, cuando saben que los otros responsables viven en El Paso, Texas. Todos sabemos donde están Alfredo y Jorge Arturo Arellano Cuarón, pero la fiscalía no los detiene. Es mucha impunidad. El fiscal César Gustavo Jáuregui Moreno no dice nada, la gobernadora Maru Campos tampoco responde, y es su responsabilidad”.

A pesar de las irregularidades, señala que las funerarias cómplices siguen operando: “La coordinadora de ministerios públicos, que ya funge como juez penal, autorizaba cremaciones de personas que murieron de manera violenta, con copia al fiscal de distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas. Hay mucha corrupción”.

Camino legal

Los deudos se quejan de la falta de sensibilidad de las autoridades. Javier Sánchez Herrera, director general del Semefo, reconoció que no pueden establecer si los restos son de origen humano o animal: “La composición química de los huesos humanos y animales es prácticamente la misma. Nuestros equipos permiten identificar que es hueso, pero no su origen”.

Por tanto, a los familiares les queda un largo camino legal para tener las cenizas de sus seres queridos. La abogada Olivia Aguirre Bonilla, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha iniciado una cruzada de solidaridad con los deudos, a quienes asesora para interponer denuncias penales por el delito de desaparición: “Vamos empezando con Dora Elena y ya preparo 17 denuncias más, aunque creo que se van a ir sumando”, dice en entrevista con La Jornada.

Explica que este delito está vinculado a la desaparición de personas: “Es evidente que se ocultaron cadáveres y ese ocultamiento fue con la finalidad de cometer fraude. Es importante que todos los deudos interpongan su denuncia, de otra forma el gobierno no les da voz y no les da información argumentando que no tienen carpeta y, por tanto, no son víctimas. Se niegan a revisar las cenizas, les niegan todo”.