A casi un año de la desaparición en México de un grupo de 40 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellas Cuba, Honduras y Ecuador, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado indagatoria formal alguna sobre el caso a pesar de las múltiples denuncias que se han realizado, señalaron familiares de las víctimas.

Por el contrario, externaron que han encontrado trabas institucionales porque además de no poder iniciar la búsqueda de sus seres queridos en México, debido a la “burocracia” para obtener un documento migratorio, existe una “indiferencia” de las autoridades y han sufrido “un camino lleno de extorsiones y amenazas”.

Desde sus países de origen, y mediante una conferencia virtual, madres, hermanas y abuelas de las víctimas explicaron que el grupo de personas salió de San José El Hueyate, en la costa de Chiapas, y abordaron dos lanchas con rumbo Juchitán, Oaxaca, pero se perdió rastro de ellos la mañana del 21 de diciembre de 2024.

Su propósito era llegar a Estados Unidos y antes hacer escala en la Ciudad de México.

Desde Cuba, Graciela Ramos, madre de Dairanis Tan, una de los 40 migrantes desaparecidos, señaló que la FGR “ha demostrado una indiferencia alarmante a la desaparición de nuestros seres queridos”, pues a la fecha, indicó, no ha abierto ninguna carpeta de investigación.

Agregó que las familias enfrentan dificultades para interponer denuncias ante las autoridades consulares de sus países, pero también en México debido a la falta de comunicación y de asesoría.

“La inacción de la Fiscalía (General) no sólo impide que encontremos a nuestros hijos, sino que permite que se perpetúe la impunidad”, reprochó.

Por su parte, Lilia Hernández, hermana del hondureño Ricardo, mencionó que las familias han realizado, con limitantes, sus propias indagatorias; sin embargo, la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la FGR no ha respondido a las denuncias ni realizado operativos de búsqueda.

Ante las complejidades, las familias han recibido apoyo de organizaciones como Fundación para la Justicia, a través de la cual solicitaron al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que emita acciones urgentes de búsqueda para México.

En este sentido, reiteraron su demanda a los gobiernos de México y de los otros países mencionados para que se coordinen y que realicen investigaciones inmediatas y exhaustivas, a fin de que se castigue a los responsable y dar con el paradero de sus seres queridos.

Ana Enamorado, fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, otra de las organizaciones que acompaña el caso, señaló que a casi un año de los hechos las autoridades siguen definiendo si el caso compete a la FGR o a la Fiscalía de Chiapas. Esta situación, indicó, impide que a las familias se les reconozca como víctimas, al no haber una carpeta de investigación.

Advirtió que tras el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, las desapariciones de migrantes ocurren ahora en su mayoría en la frontera sur, y las familias son quienes reciben llamadas exigiendo dinero a cambio de liberar a sus seres queridos.