La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con evidencia en video, con la cual demostrará que Arturo Serrano Meneses –ex titular del Órgano Interno de Control (OIC)– y Carlos Enrique Rascón Yrízar –ex director del Área de Responsabilidades del OIC en la institución que dirige Alejandro Gertz Manero– cometieron cohecho por 6 millones de pesos.

Esta información se reveló en un debate previo a la audiencia inicial para imputar cargos, pero se suspendió porque la defensa de los presuntos responsables señalaron al juez Marco Antonio González Cortázar que el Ministerio Público Federal (MPF) no les ha entregado todas las páginas que integran el expediente.

Este caso es independiente a la investigación en la FGR por el descubrimiento de la sustitución de cocaína por leche en polvo durante una ceremonia de incineración del enervante, que se llevaría a cabo en Guanajuato.

En cuanto a la indagatoria por cohecho, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México se tenía programada ayer la audiencia inicial, en la cual los ex integrantes del OIC de la FGR comparecieron vía electrónica e informaron al juzgador que el MPF les entregó constancias incompletas o ilegibles, y que el material no pudo ser analizado con suficiente tiempo.

Los abogados de los ex servidores públicos señalaron que la falta de documentos les impedía ejercer una defensa adecuada, lo que resulta violatorio de las garantías que ofrece la Constitución a quienes son señalados de haber participado en un delito.

Los integrantes de la FGR respondieron que la defensa de los ex funcionarios del OIC realizan actos dilatorios (o como se denomina en el argot jurídico: chicanas) para evitar que se abra el proceso penal y el Ministerio Público dé a conocer los argumentos e indicios con que cuenta para declarar imputados a Serrano Meneses y Rascón Yrízar.

Los equipos de defensa revelaron que una de las constancias es un video, que no pudo ser reproducido, el cual forma parte de las pruebas del Ministerio Público.

Fuentes judiciales señalaron que el video se utilizará para acreditar que los ex funcionarios solicitaron al representante de una empresa 6 millones de pesos para aprobar la asignación de un contrato.

El juez dio cinco días para que los equipos de defensa comparezcan ante la FGR y obtengan el material que les falta y comprueben en la misma cita que todo puede reproducirse, es legible y no hay datos testados. Al Ministerio Público le dio el mismo tiempo para entregar completas las constancias que conforman el expediente, y se determinó que en diciembre se celebrará la nueva audiencia inicial.