El padrón electoral –integrado actualmente con los datos personales de 101 millones 321 mil 253 ciudadanos– tiene múltiples funciones, más allá de ser materia prima para la integración de la lista nominal en cada elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene vigentes 39 convenios con fiscalías, comisiones de búsqueda y gobiernos estatales para la confronta de biométricos, sobre todo huellas dactilares, indispensables para identificar cadáveres y dar con sus familiares, pero también para todo tipo de gestiones, incluidas las del sistema financiero que se cuentan a diario por miles, marcadamente en los bancos.

Los informes más recientes de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, avalados por los partidos, indican que de julio a septiembre pasado tan sólo esa dirección, así como las juntas locales y distritales del INE recibieron 43 mil 331 peticiones de autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales, con mayor énfasis en las dos últimas, para hacer confronta de biométricos.

En un contexto nacional de poco más de 120 mil personas reportadas como desaparecidas, el INE contribuyó –en septiembre– con la confirmación de datos en favor de la identificación de 18 mil 821 personas.

En lo que va del año, van 6.2 millones de consultas para determinar si un ciudadano está inscrito en la lista nominal. Aparte, instituciones públicas, privadas, académicas y productivas hicieron en septiembre, en conjunto, 24.8 millones de consultas, lo que da un promedio diario de 827 mil 569.

Tan sólo de las instituciones privadas el promedio al día es de 795 mil 205 solicitudes; entre las 10 con el mayor número de consultas destacan las instituciones financieras BBVA, Banamex, Santander y Mercado Libre, en ese orden de peticiones.

Para proceder a esta posible confirmación de datos, el INE debe operar a partir de lineamientos aprobados en 2018, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con base en un estricto marco legal se da el acceso a peritos, verificación de la autenticidad o emisión de alguna credencial para votar, del expediente electoral y de información registral.