Lima. La Fiscalía de Perú solicitó ayer al Poder Judicial que emita una orden de impedimento de salida del país (por 18 y 36 meses) contra la ex presidenta de facto Dina Boluarte (2022-2025), por la comisión de los presuntos delitos de negociación incompatible y lavado de activos en agravio del Estado.

“Se ha estado indicando en los medios de comunicación que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto”, afirmó Boluarte, de 63 años, quien reapareció frente a su vivienda en el sur de Lima.

La fiscalía especificó que pidió 18 meses de impedimento de salida contra la ex presidenta, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delito de aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

Cuando estuvo en el poder “se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud (Estatal Seguro Social de Salud) y en concretar pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría hecho operaciones quirúrgicas estéticas”, sostuvo.

También, presuntamente, recolectó dinero “destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, activos provenientes de la organización criminal Los dinámicos del Centro”, por lo que se solicitó dictar impedimento de salida por 36 meses.

En redes sociales, el depuesto y encarcelado ex mandatario Pedro Castillo Terrones (2021-2022) tachó de “hipócritas” a quienes “llevaron a Boluarte al poder” por querer desvincularse de su gobierno ante la decisión del Congreso.

Ahora, sin inmunidad, ella deberá responder a las siete causas que tiene abiertas, entre ellas las relacionadas con las muertes de 49 personas en protestas, entre finales de 2022 e inicios de 2023, y presunto cohecho pasivo por la posesión de joyas y relojes de lujo.