La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará en los próximos días el inicio de la etapa intermedia del proceso penal en contra de los coacusados del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, señalados de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción prepara el camino para el juicio oral en contra del ex secretario de Finanzas Carlos Maldonado; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa, y Antonio Bernal Bustamante, el primer titular de Seguridad (tres de ellos están presos en el Reclusorio Oriente, y Carlos Maldonado, en la Torre Médica de Tepepan).

Los ex funcionarios están acusados de participar en el desvío de más de 3 mil millones de pesos del erario que estaban destinados a la construcción de cuarteles de policía durante el gobierno de Aureoles Conejo, quien desde febrero pasado es considerado prófugo de la justicia.

A diferencia de otros ex gobernadores o presuntos delincuentes que ocuparon altos cargos en administraciones pasadas, Aureoles Conejo no ha sido localizado por la Policía Ministerial Federal, que depende de la FGR, pese a que se giró una ficha roja y se solicitó la colaboración de Interpol.

Funcionarios ministeriales señalaron que en días pasados venció el periodo de investigación complementaria y la fiscalía cuenta con un plazo de 10 días para solicitar al juez federal que establezca la fecha para que se realice la audiencia intermedia y se desahogue la etapa de valoración de pruebas.

Las investigaciones dieron origen a la causa penal 118/2025, que fue radicada en un juzgado federal con residencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y cuatro de siete presuntos responsables ya han sido detenidos.

En marzo pasado se dio a conocer que Aureoles Conejo evadió a las autoridades abordando un helicóptero de Michoacán rumbo al estado de Jalisco.

Una vez detenido, se le podría dictar prisión preventiva justificada por haber evadido a las autoridades y no enfrentar un proceso cuyos delitos no están tipificados como graves, explicaron las autoridades.