Madrid. Casi tres semanas después de su anuncio y tramitación por la “vía urgente”, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó el decreto de ley con el que embarga la compraventa de armas al Estado de Israel, como medida contra el genocidio y la limpieza étnica que perpetra en Gaza.

Sin embargo, el plan no es integral, sino parcial y recoge salvaguardas que permitirán “transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” cuando se trate de defender “los intereses generales nacionales”.

Organizaciones como Greenpeace criticaron con dureza el decreto porque “el texto regula de manera ambigua e incompleta el embargo y mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vocera Pilar Alegría confirmó que aprobaron el decreto ley con el que buscan eliminar cualquier tipo de importación y exportación de armas y material bélico a Israel.

Se retrasó por supuestas “complejidades técnicas”, que en realidad eran los mecanismos y soportes con los que pretendían sustituir las armas y la tecnología del ejército español vinculado a empresas israelíes, con las que han tenido una estrecha relación comercial. Desde balas que sólo son compatibles con un tipo de armamento, hasta plataformas tecnológicas para la comunicación de las unidades en el terreno o de los vehículos de guerra.

El decreto establece que “quedará prohibida la importación en España de productos originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. Y se confirma la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito por puertos y aeropuertos de barcos que transporten combustible a Israel. Pero se mantiene la salvaguarda por “interesas generales nacionales”.

Greenpeace aseguró que el decreto “no constituye un embargo de armas integral, retroactivo y transparente, ni responde a las demandas urgentes de la sociedad civil, a las obligaciones legales internacionales ni a las necesidades del pueblo palestino”.