esde la noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada del día siguiente, se desconoce el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos por los rumbos de Iguala, Guerrero. A 11 años, el saldo es la ausencia de verdad y justicia.
Hasta hoy el Estado mexicano no ha dado cuenta cierta al respecto. No sólo a sus madres y sus padres víctimas directas de un dolor que no cesa y una voluntad férrea para continuar su exigencia, la misma que tantas y tantos han gritado a lo largo de los años: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Recordaré sólo algunas de las estrategias oficiales fallidas, unas más descarnadas que otras, empezando por la temprana y supuesta “verdad histórica” con la que el peñanietismo quiso dar por cerrado el caso, en torno al basurero de Cocula, que hoy tiene en prisión domiciliaria al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, y prófugo en Israel a Tomás Zerón. La supuesta verdad fue desmontada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de los que Peña Nieto se deshizo ante sus primeras evidencias. En el camino hay que anotar que no se ha destacado la participación del grupo delincuencial que operó esa noche de 2014; algunos de ellos fueron detenidos y obligados bajo tortura a declarar sobre la “verdad histórica”, lo cual derivó en que finalmente obtuvieran su libertad.
Cuatro años después, generó esperanza el compromiso del hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gobierno, con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y la designación como presidente de la misma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, decisión que fue fortalecida con el retorno de los expertos del GIEI. Parecían sentadas las bases para retomar la investigación del caso.
En este apretado recuento es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, que se constituyó en una suerte de parteaguas político; se presentó el 25 de julio de 2023 y generó intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo. En él afirmaron que el Ejército, en contradicción con lo que había dicho por casi nueve años, del 26 al 27 de septiembre de 2014 no sólo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar. Mostraron la intervención del Ejército desde el 27 batallón de Iguala, Guerrero, en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. En especial refirieron que no entregó 800 folios claves, no obstante que con plenas facultades para ello, el Presidente de la República les instruyó en su momento que los proporcionaran. Díficil reconstruir en unas líneas el proceso tortuoso de una investigación que hoy por hoy está marcada por el freno mayúsculo que significó la declaración del ex presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, quien informó tras su segundo informe que, en efecto, estamos ante un crimen de Estado y habría que desentrañarse la participación del Ejército.
Previamente se dio el virtual despido, que no renuncia, de quien fue fiscal especial del caso y la salida del GIEI. Fue evidente que con el Ejército habían topado. Se nombró a un nuevo fiscal del caso y también a un nuevo subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj ante la renuncia de Encinas.
¿Cuál fue el grave giro después del último informe del GIEI y la postura valiente de Encinas? Que el Presidente de la República optó por respaldar incondicionalmente a las fuerzas armadas, y cuestionó tanto al GIEI como a la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, dando dimensión de confabulación contra su gobierno, abundando en su crítica reiterada a los organismos de derechos humanos que han acompañado el caso desde 2014.
El hoy ex presidente se hizo cargo de la investigación, y en una suerte de disputa por la verdad, presentó un reporte el 8 de julio de 2024 dirigido, exclusivamente, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, no a sus defensores, a quienes se refirió como supuestos defensores de derechos humanos y cuestionó a organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y agencias del gobierno de Estados Unidos. Señaló que no se había acreditado la participación del Ejército (publicado en el periódico La Jornada el 20 de julio de ese año). Así, en ese ambiente de tensión, concluyó el gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó en mejores términos la relación con los familiares de los 43 estudiantes, ha hablado de nuevas líneas de investigación que aún no se concretan, sugirió que buscarían apoyo de expertos en la ONU y aclaró de inmediato que no se refiere al GIEI. Sin embargo, los familiares en el aniversario 11 de la desaparición de sus hijos, aún no encuentran razones que les dén esperanza para lograr la anhelada verdad y justicia.
