he Washington Post reveló ayer que, en las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz, quien se expresó “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los cabecillas de los grupos criminales, pero fue descartada por la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, ahora renombrado Departamento de Guerra.

Aunque la información del rotativo no resulta sorprendente, reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho.

El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020. Dicha iniciativa estableció la obligación de los agentes de otros gobiernos y de las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, con lo que puso fin al libertinaje con que se manejaron los espías estadunidenses durante las administraciones neoliberales, el cual alcanzó niveles escandalosos en el calderonato.

La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el propósito de recuperar sus capacidades para actuar arbitrariamente en persecución de objetivos que nada tienen que ver con el combate a los cárteles.

En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo que merece una condena tajante por parte de todo gobierno, organismo multilateral, organización de la denominada sociedad civil e individuo comprometido con la vigencia de las leyes y el respeto a los derechos humanos.

Desde México, es urgente revisar la relación con la DEA y evaluar la pertinencia de poner en pausa toda colaboración con la agencia en tanto no se comprometa de manera explícita y creíble a conducirse con apego a las leyes mexicanas y dejar de lado la mentalidad neocolonial que guía sus acciones.