l incumplimiento constitucional en dar a los juzgadores que renunciaron a ser candidatos judiciales el pago indemnizatorio ordenado en la Constitución Federal, ni se mencionó por los encargados judiciales administrativos. Cada parte del andamiaje judicial mostró sus intereses verdaderos. En ninguno se advierte una preocupación por la calidad en el servicio de administración de justicia y los resultados siguen fuera de control.
El ministro presidente de la suprema corte habló en mixteco, contrariando la disposición procesal que obliga a que todas las actuaciones judiciales sean en español. Político antes que jurista, realiza este y otros actos distractores para minimizar los pocos y accidentados resultados de la primera sesión en la corte y los nombramientos en la corte de personas sólo con méritos políticos para ocupar cargos que necesitan juristas especializados en constitucionalidad. Limitar las sesiones de lunes a jueves en la corte, retrasará más las resoluciones. Los pronunciamientos presupuestarios del ministro presidente son ajenos a sus facultades para establecer el presupuesto judicial federal. Casi como la queja de una ministra por la reducción de su salario nominal; quien, además, evidenció que su secretaria gana más que el personal de juzgados, quienes laboran bastante más que la plantilla de la corte.
Después de renuncias, jubilaciones, votaciones y adscripciones -algunas contrarias a la propuesta constitucional- casi la mitad de las plazas que deberían estar ocupadas por jueces electos está en manos de suplentes, en su mayoría secretarios (mejor opción para los justiciables, que un juez desconocedor). Además, hay decenas de plazas que no podrán ocuparse hasta el 2027. El retraso en expedientes es abrumador. Por la redacción constitucional, esos encargados no podrán acceder al cargo de jueces por no haber participado en la elección. Por mucha vocación judicial que tengan, no puede exigírseles un desempeño que los jueces electos no tendrán. Además, se anuncia eliminación de prestaciones a funcionarios judiciales, algo contrario a la constitución, pues en la reforma judicial se estableció que se respetarían los derechos laborales.
Encima, ha empezado la renuncia de jueces electos (en pocos días vieron la realidad del trabajo judicial) y otro pidió licencia antes de tomar el cargo. Sólo el planteamiento político de proponerse como un trabajo aparentemente sencillo explica que personas con desconocimiento total del ejercicio de la función hubieran concursado y ganado. Es más honesto renunciar a un trabajo incomprensible, que cobrar por aparentar aprender. Los planteamientos políticos en la primera sesión de la corte muestran que quienes lograron permanecer en el cargo y siguen haciendo promesas políticas no han comprendido la esencia técnica del quehacer judicial.
Los videos de audiencias judiciales donde el juzgador desconoce los temas sobre los que se está pronunciando o donde un litigante tiene que decirle cuál es el procedimiento básico en la justicia adversarial apenas son el inicio de este nuevo espectáculo donde la anécdota terminará por ocultar la sustancia de la desgracia institucional. Si los jueces se conducen como políticos, es cosa de tiempo para saber de juzgadores que amenacen a sus detractores, como se ha documentado con varios políticos.
El rigor que durante décadas tuvo la visitaduría judicial, ahora se ha difuminado ante el reacomodo de sus trabajadores y el visitador general. Y vendrá a menos, ante la reducción en la nueva ley orgánica del poder judicial federal (art. 163) de la experiencia para el cargo de visitador y su nombramiento interno, ya no por concurso de oposición. Si de verdad se cumpliera con la obligación primigenia de la visitaduría judicial (art. 164) y se evaluaran las competencias técnicas, éticas y profesionales de los nuevos titulares, más su desempeño en el dictado de resoluciones (acuerdos y sentencias) en los términos legales, la visitaduría judicial sería el medio purificador para cesar a los jueces ya evidenciados como ignorantes. Falta que se privilegie la disciplina técnica sobre los compromisos electorales. Debería aprovecharse el conocimiento y experiencia de los visitadores B, quienes desde hace semanas esperan las nuevas directrices, para el nombramiento de visitador general.
Ignorancia, nepotismo y falta de resultados son muestra de lo que vendrá con una reforma que prometió, en clara maniobra política, resultados prontos, hoy poco esperables. La libertad, la familia y el patrimonio de los ciudadanos están en riesgo.
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