Oaxaca, Oax., A casi un mes de que 225 habitantes de Buena Vista, municipio de Santiago Yosondua, huyeron de la comunidad luego de sufrir un ataque armado de habitantes de Santa María Yolotepec el 18 de agosto pasado, el gobierno de Salomón Jara Cruz no ha solucionado el conflicto, acusó Felipe Canseco Ruiz, coordinador de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón.

Señaló que los pobladores desplazados continúan refugiados en la sede del ayuntamiento. Explicó que la disputa entre las dos comunidades quedó concluida en 2016, cuando el proceso judicial favoreció a Buena Vista.

Detalló que el poblado ganó la disputa ante el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan, y los habitantes de Yolotepec presentaron un amparo. Sin embargo, la autoridad ratificó que la superficie en disputa pertenece a Santiago Yosondua, por lo que “ya no es un conflicto agrario, sino una invasión de tierras”.

Recordó que el 18 de agosto pasado, residentes de Santa María Yolotepec, distante casi 6 kilómetros de Buena Vista, en la mixteca, agredieron con armas de fuego a la comunidad vecina, cuyos habitantes huyeron entre los sembradíos al ver que quemaban sus casas y vehículos. A pesar, dijo, de que cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, la administración del morenista Jara Cruz “no ha actuado de forma contundente”.

Canseco Ruiz criticó que pese a las actos violentos y el uso de armas de fuego ninguna autoridad ha querido castigar lo sucedido. “No hay órdenes de aprehensión ni nada, por lo que se teme que estos delitos queden impunes.”

Señaló grave violación a los derechos humanos de los 225 refugiados en el palacio municipal, por lo que exigió a las autoridades hacer lo necesario para que retornen a sus hogares con total seguridad. Agregó que su situación es precaria, “porque prácticamente subsisten de lo que les donan, tanto alimentos como ropa. El día que abandonaron su terruño dejaron pertenencias y animales”.

Consideró que el gobierno del estado actúa en defensa de Santa María, pues un funcionario de la Secretaría de Gobierno, específicamente de los delegados de paz, es originario de Yolotepec. Demandó al mandatario oaxaqueño actuar conforme a la ley, que los agresores sean castigados y se restituyan tierras, casas y ganado a los 225 desplazados.