n la propuesta presupuestal para 2026 hay una continuidad fundamental: sostener e incluso acrecentar la política social. El monto destinado a los programas sociales de 987 mil millones de pesos, equivalentes a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), que aumenta 13 por ciento en términos reales respecto al año anterior, demuestra que la ampliación de derechos sociales prosigue. Este monto se distribuye en las pensiones a adultos mayores y en las diversas becas, con aumentos en cada una de ellas. El gasto social es casi 10 por ciento del gasto público total, que suma 10 billones 193 mil millones de pesos, con un aumento real de 5.9 por ciento.
Junto con esta importantísima continuidad hay cambios fundamentales. En el presupuesto de 2025 se planteó una consolidación fiscal que reduciría el déficit de las finanzas públicas de 5.1 a 3.9 por ciento del PIB. La estimación de cierre de este déficit es de 4.3. Para el 2026 se propone una “ruta de consolidación fiscal gradual”, que llevará a un déficit de 4.1 por ciento del PIB.
Este cambio implica varios cientos de miles de millones de pesos, y amplía el margen de maniobra del gobierno federal para cumplir con sus metas prioritarias.
Un segundo cambio de importancia está en los ingresos públicos, que tienen un aumento real de 6.3 por ciento. Una parte del aumento se logra porque se estima que habrá mejora en el precio del crudo que exportaremos, así como un aumento en su extracción. La otra parte del aumento está en los ingresos tributarios, que se incrementan 5.7 por ciento. Esta decisión rompe con la inercia tributaria que mantuvo sin cambios lo que dejó Peña Nieto. Destacan los siguientes aspectos en este cambio: i] las aportaciones de los bancos al IPAB ya no serán deducibles; ii] se aumentan impuestos a refrescos, cigarros, gasolina, los impuestos saludables incrementarán la captación tributaria 10 por ciento; iii] se aplicarán aranceles estratégicos a productos que importamos de países con los que no tenemos acuerdos comerciales; iv] impuesto especial ad valorem a videojuegos violentos y a apuestas electrónicas; v] fortalecimiento de la obligación de las fintechs de enterar impuestos; y vi] se uniforma la tasa de retención a las plataformas digitales a 2.5 por ciento si están en el régimen simplificado de confianza.
De estos aspectos, lo más relevante es el cambio arancelario, al que han calificado como un sesgo proteccionista. En realidad, el cambio que ahora se concreta, está planteado en el Plan México y tiene que ver con una estrategia para aumentar la inversión, preservar el empleo y estimular la actividad económica. Se trata de fomentar la inversión y el empleo, apoyando a trabajadores y empresarios. La medida arancelaria está dirigida en primer lugar a las importaciones provenientes de China, pero afecta las vietnamitas y las de cualquier país con el que no tengamos acuerdos comerciales. Con este cambio nos incorporamos a la nueva situación arancelaria creada por el gobierno estadunidense, pero diferenciándonos en el sentido social del cambio tributario.
El Paquete Económico se sostiene en supuestos del desempeño de variables fundamentales. En primer lugar, el crecimiento económico. Hacienda plantea que el PIB crecerá 2.3% en 2026. Los analistas financieros estiman que la cifra será de 1.5 por ciento. La diferencia no es banal: un menor nivel de actividad económica implica que los ingresos públicos previstos no se logren.
En consecuencia, el déficit aumentará. Otros supuestos importantes son la inflación, de 3 por ciento; el tipo de cambio promedio de 18.9 pesos por dólar; tasa de interés de 6 por ciento; y el precio del barril de petróleo exportado y volumen de producción de crudo.
Otro componente importante del Paquete Económico es la decisión de mantener las tasas de impuestos tanto del IVA como del ISR. Analistas de BBVA señalan que esta decisión es correcta, “dado el efecto económico contractivo” de aumentarlos. Pero también señalan que “en el mediano plazo será necesaria una reforma fiscal, considerando que las presiones sobre el gasto público continuarán con la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones”. La reforma fiscal es un asunto pendiente y será necesario abordarlo en los años siguientes.
El Paquete Económico para 2026 mantiene la prioridad del gasto social, aumentándolo para responder a las decisiones políticas planteadas. Atempera la consolidación fiscal e introduce modificaciones tributarias a las importaciones y establece la no deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPAB. El argumento de Hacienda para este cambio es importante: “es parte de una homologación con estándares internacionales aplicados en Estados Unidos y Canadá, donde estas cuotas no son deducibles”. Este argumento bien podría utilizarse para homologar los impuestos a las utilidades bancarias al nivel de España, Estados Unidos y Canadá.
