La ciudad no debe ser botín del gran capital, aseveraron integrantes de movimientos sociales al entregar al Congreso capitalino los resultados de sus consultas para la elaboración del plan general de desarrollo.

Los representantes explicaron que desde hace dos años se han realizado reuniones en todas las alcaldías, donde se han expuesto las problemáticas y se han hecho propuestas para el plan.

Llamaron a los legisladores a tomar en cuenta sus preocupaciones, que principalmente tienen que ver con seguridad, vivienda y medio ambiente. Sabemos que la ciudad es compleja, pero los derechos deben estar por encima del interés particular”, señalaron.

El documento también será presentado a la jefatura de Gobierno. Por otra parte, el pleno exhortó a los 16 alcaldes a implementar el bando 1.

Contra el modelo de economía neoliberal

Las normas generales de ordenación que regulan la intensidad, ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y las características de las edificaciones han operado a favor de la gentrificación al generar valor en espacios anteriormente desvalorizados de los que se van apropiando agentes privados, afirmó Roberto Pimentel Bermúdez, de la asociación Taller Integral para el Desarrollo Comunitario.

Dichos instrumentos, explicó, fueron creados en un modelo de economía neoliberal y juegan muchas veces en contra de las políticas sociales progresistas del mismo gobierno y, sin embargo, no se cuestiona su aplicación.

De las 25 normas vigentes, se refirió en particular a la 7, que establece las alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio; la 2, para edificaciones en terrenos con pendiente natural en suelo urbano; la norma 3, que permite la fusión de dos o más predios; la 10, que norma alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales, y la 12, para transferencia de potencialidades de desarrollo urbano.

Dos más son la 26, para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular, y la 19, relativa a los estudios de impacto urbano para proyectos de oficinas, comercios, industria y equipamiento, vivienda, usos mixtos y ampliación de vivienda de más de 5 mil, 10 mil y 15 mil metros cuadrados de construcción.