El proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos propone medidas para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y prohíbe que los sistemas normativos afecten sus garantías fundamentales.

Así lo señalaron funcionarios en el foro Reconocimiento, justicia y pluralismo para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, realizado en el Senado.

Al inaugurar el acto, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, dijo que con el “segundo piso” de la Cuarta Transformación se han alcanzado cambios que “alguna vez soñamos”. Por ejemplo, “hoy ocurre un hecho histórico en la vida moderna de nuestro país: contamos orgullosamente con un ministro de la Suprema Corte proveniente de un pueblo indígena, Hugo Aguilar Ortiz”.

La víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, este viernes, consideró que el Poder Legislativo se ha erigido en un Congreso Constituyente que “ha empezado a saldar la deuda histórica con las comunidades que mantienen vivas las raíces culturales del país, pero durante mucho tiempo fueron invisibles y discriminadas”.

La senadora de Morena recordó que se encuentra en consulta nacional un proyecto de ley general sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con la que se reglamentará la reforma al artículo 2 de la Constitución aprobada el año pasado. Ésta reconoce a esas comunidades como sujetos de derecho.

En representación de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, José Alberto López Damián explicó que el documento plantea medidas para garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a cargos en condiciones de igualdad sustantiva hasta alcanzar la paridad.

También se prevé el acompañamiento técnico y jurídico para que realicen funciones de representantes de núcleos agrarios y se protegerá su derecho al acceso a propiedad, posesión y disfrute de territorio en igualdad con los hombres.

En representación de Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Gustavo Torres urgió a avanzar en esa ley y dijo esperar que la consulta termine a la brevedad posible.

Víctor Hugo Toledo, representante de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que la reforma al artículo 2 constitucional ya es una norma general, pues estipula mandatos expresos que son ejecutables. La modificación a la Carta Magna ya es operable y exigible, por lo cual las dependencias de gobierno no necesariamente tienen que esperar a que se apruebe la ley.