i por corrupción se entiende el incumplimiento de la ley, bien puede decirse que el Consejo de la Judicatura Federal realmente fue corrupto. Y no me refiero sólo a la inobservancia constitucional de dar a los juzgadores que renunciaron a ser candidatos judiciales el pago indemnizatorio ordenado en la Constitución. El Consejo informó que no pagaría tal indemnización por falta de recursos; ya solicitados nuevamente a Nafinsa. Falta su devolución y que el nuevo órgano administrador de la judicatura cumpla con lo que su antecesor no hizo. Lo cual no impide reprochar que el extinto Consejo no hubiera tomado acciones para hacer los pagos respectivos con garantía de por medio para su devolución en caso de que los amparos promovidos por los juzgadores hubieran revertido la reforma judicial y con ello volvieran a laborar.

Un rubro pendiente y que debe ser resuelto con urgencia es la resolución de los procedimientos administrativos donde los juzgadores están suspendidos. El caso del magistrado José Miguel Trujillo Salceda es una muestra de abuso estatal en las últimas dos administraciones del Consejo de la Judicatura Federal, aparentemente intencional.

Con base en notas periodísticas y denuncias no comprobadas se le suspendió y cambió de adscripción laboral el 30 de enero de 2020. Tal cambio de adscripción fue señalado como indebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones, pero no se cumplieron sus sentencias pues en ningún momento se le reinstaló, aunque fuera nominalmente en donde estaba antes del cambio indebido.

Sin mediar procedimiento estuvo suspendido dos años. Algo ilegal por donde se vea. Dos años después se inició una investigación en su contra J/4/2022. Tal suspensión inicial se publicitó en distintos medios, desde la revista Proceso hasta canales de YouTube. La presunción de inocencia del magistrado quedó claramente anulada con la serie de notas donde se hablaba de las conductas imputadas. Solamente el canal de Milenio alcanzó “468 k vistas”1. A pesar de que la ley obligaba al Consejo de la Judicatura a resolver el asunto en 6 meses, se hicieron varias prórrogas de la suspensión de tal magistrado. A partir de tal fecha y totalmente en contra de lo señalado en el espíritu de la ley de responsabilidades aplicables a los juzgadores federales, el magistrado sigue suspendido. Lo que debió resolverse en 6 meses, lleva 5 años 8 meses en trámite. Esta suspensión no sólo lo priva del salario que hubiera recibido en funciones, también lo imposibilita para trabajar en cualquier otro lado, ya fuera iniciativa privada o institución pública. Ni siquiera puede cobrar como maestro. Adicionalmente, desde el principio de la suspensión se le retiró la visa norteamericana; para quien vive en la frontera norte, como él, es un cambio de vida. La inicial cancelación se ha refrendado en tres negativas posteriores. Le cancelaron las cuentas bancarias que tenía en los EUA por la suspensión. Encima, se le retiró la escolta que se le había asignado por haber recibido amenazas de muerte, presumiblemente por los miles de casos penales donde sentenció a miles de criminales. Entre otros, por un aseguramiento de 45 toneladas de marihuana que iban a los EUA.

En lugar de tramitar en el plazo legal el procedimiento, los instructores llevan años fijando pruebas muy espaciadas y hasta la fecha sigue en curso ese desahogo de pruebas. En ningún momento se le acusó de recibir dinero o de haber favorecido a delincuentes. Todas las revisiones de expedientes y de sus cuentas bancarias le han resultado favorables. Pero el Consejo de la Judicatura insiste en la suspensión. El retraso en sí debería llevar al sobreseimiento: no es imputable al magistrado. Además, está el cambio de órgano rector judicial. Esto también viola el principio de debido proceso. Esto debió preverse antes de la desaparición del Consejo, donde se le negó la reinstalación, solicitada bajo distintas figuras.

Un caso como este da la oportunidad al nuevo administrador judicial para que arregle la omisión de resolver este procedimiento, injusta e injustificadamente alargado en perjuicio del magistrado y su familia. Y cualquier otro en similares términos. A menos que persista el interés político en orillar al magistrado a renunciar al cargo (para poder laborar) o el interés político en no pagar a los juzgadores que renunciaron a ser candidatos judiciales. Si la verdadera intención del cambio judicial era acabar con la corrupción, la mejor forma de demostrarlo es cumplir con la ley. Este incumplimiento resta legitimidad a todo el proceso judicial. Cumplir beneficia a los nuevos integrantes, algunos también parte del desaparecido Consejo.

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