Alda Nery Cruz y Carolina Reséndiz son dos buscadoras de la Huasteca potosina. Buscan a sus esposos, choferes del autobús de la empresa Pirasol desaparecidos el 17 de marzo de 2011 con otras 35 personas en la ruta a la frontera por Tamaulipas: los pasajeros eran jornaleros migrantes; tres de ellos, adolescentes.

En los 15 años transcurridos desde entonces, en dos ocasiones desaparecieron las carpetas de investiga-ción a cargo de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, una en Ciudad Valles y otra en San Luis Potosí. “Se extraviaron”, les dijeron. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, las autoridades admitieron los “extravíos”.

El autobús, modelo Jaguar, placas 177RK5, fue recuperado y luego se “extravió”. Un familiar de los desaparecidos lo encontró tres meses después en una pensión de Santa Rosalía. En lugar de retenerlo en la fiscalía para buscar evidencia, fue devuelto al dueño, Juan Pérez Ríos, en Ciudad Valles. Lo lavaron y retapizaron.

Las autoridades de los tres nive-les de gobierno fueron omisas los pri-meros siete años. En la época calderonista esas carreteras fueron una especie de “triángulo de las Bermudas”: cientos de personas desaparecieron, asesinadas o secuestradas por los Zetas. Algunos restos aparecieron meses y años después en casi un centenar de fosas. No así las víctimas del caso Pirasol.

Carolina es esposa de Román Castillo Briseño. Él tenía 55 años; desde joven trabajó al volante, primero en Flecha Roja y luego en Pirasol. Hasta hace poco, ella laboró en servicio doméstico para sacar adelante a sus cuatro hijos y algunos nietos. Alda es esposa de Rafael Rodríguez García, que llevaba tres años trabajando como chofer. Ella lava ajeno para el sustento de sus dos hijos. Al no ser viudas, no tienen ninguna prestación o pensión. Hijas e hijos, ya adultos, también son buscadores.

Ambas viajaron a México este fin de semana con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Platican: “La camionera Pirasol operaba desde Ciudad Valles. El señor Pérez empezó en los 90 con seis autobuses. Hacía excursiones para turistas, pero con el tiempo se dedicó a transportar jornaleros de la Huasteca a los campos de sorgo del norte y a cruzar a Estados Unidos. Al final daba servicio a los polleros”.

Román sabía que los pasajeros eran migrantes traficados. “Lo supimos porque un día uno le quiso comprar a mi hijo, que era adolescente, para llevárselo a trabajar. No lo permitió. Ya para entonces se oía de autobuses desaparecidos”.

Denunciaron a Arturo Benítez, el pollero que organizó el viaje de la tragedia. Se le involucró en la matanza de los 72 en San Fernando en 2010, y pasó lustro en prisión. Ese mismo año masacraron a 62 perso-nas en Allende, Coahuila. Uno des-pués hallaron 49 cuerpos descuartizados en Caderyta, Nuevo León.

La Comisión Nacional de Búsque-da tiene abiertas 300 carpetas por desaparición de migrantes, pero la mesa correspondiente no ha sesiona-do. “No somos prioridad”, dice Alda.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reabrió el caso en 2018. Con demo-ra de ocho años hizo la primera búsqueda en la localidad Valadeces, a dos horas del cruce fronterizo de Miguel Alemán, a orillas del río Bravo. El autobús fue interceptado dos horas antes de llegar a su destino.

“El último en hablar con mi es-poso fue el dueño de la línea, el señor Juan. No nos dijo nada. Nos enteramos porque a los jornaleros y choferes los esperaban en un hotel en Hidalgo”, recuerda Carolina.

Caro Rodríguez, hija de Rafael, tenía siete años cuando desapareció su padre. Le tocó lidiar con la desesperación e intentos de suicidio de su madre. Ahora es voz cantante en la búsqueda del caso Pirasol.

Como tantas familias, ella también se queja de la actuación de la Comisión Nacional de Búsqueda: “Nos ha fallado mucho”.