Lima. La autoridad penitenciaria de Perú trasladó al ex presidente Martín Vizcarra (2018-2020) de una cárcel para ex gobernantes a una común, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cuando fue gobernador.

Vizcarra estuvo recluido desde el 14 de agosto en una pequeña prisión en una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), inaugurada en 2007, cuando el ahora extinto ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue ingresado allí y permaneció durante 15 años.

En comunicación telefónica con la radio local RPPN, Vizcarra dijo que había una “sucesión de abusos” en su contra y agregó que se sentía “sumamente indignado porque no se respetan los derechos humanos”.

Su abogado, Alejandro Salas, aseguró que su cliente es víctima de “persecución política y tortura psicológica” y señaló que “el presidente del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario) y su Junta Clasificadora tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad”.

El ex mandatario, de 62 años, era procesado en libertad en el juicio pot un caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014), pero fue enviado a prisión preventiva por un juez que alegó “peligro procesal y de fuga”.

La fiscalía, que pidió una condena de 15 años de prisión, lo acusa de haber recibido sobornos por alrededor de 640 mil dólares de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua, en la costa sur de Perú.

Vizcarra era vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y ocupó la presidencia por dos años tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas.

La investigación por los presuntos sobornos cuando era gobernador empezó en 2020, y las acusaciones permitieron que el parlamento lo destituyera en noviembre de ese año tras determinar que tenía una “incapacidad moral permanente”.

En 2021 fue elegido como el congresista más votado, pero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en tres ocasiones por el parlamento.

En varias encuestas para los comicios presidenciales de 2026 encabeza las preferencias por encima del resto de candidatos.

El ex mandatario, quien defiende su inocencia, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar que suspenda sus inhabilitaciones y le permita postular a la presidencia en abril de 2026.