Bogotá. La fiscalía de Colombia presentó ayer ante un juez de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, los dos hombres acusados de haber llevado camiones con explosivos y detonarlos en las inmediaciones de una escuela de aviación en el suroeste del país, para que defina su situación jurídica.

El ministerio público presentó cargos en contra de Yonda y Obando, quienes fueron capturados el día del atentado, por los presuntos delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas, señaló la institución en su cuenta de X.

El atentado fue perpetrado el jueves en Cali, cerca de una base aérea, en un acto que las autoridades adjudicaron a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016.

Las víctimas fueron civiles, informaron los militares.

Este hecho se ejecutó en paralelo al ataque contra un helicóptero en Antioquia, en el noroeste del país, en el que murieron 13 policías y tres más resultaron heridos, y también fue adjudicado a las disidencias de las desaparecidas FARC.

Gustavo Petro, presidente colombiano, publicó en redes sociales que, de acuerdo con un video, el sitio donde se posó el helicóptero en lo alto de una colina “había sido acondicionado” días antes con cilindros explosivos. “Cuando los policías iban a entrar al helicóptero, activaron las cargas”, añadió.

Los uniformados “que rodeaban el helicóptero murieron, incluido el subteniente que grababa la operación”, detalló Petro. En su celular quedó grabado el hecho, agregó.

Países como Estados Unidos y organismos internacionales condenaron los ataques.