Santiago. La justicia argentina liberó a los 104 fanáticos chilenos arrestados durante la gravísima violencia de-satada la noche del miércoles en Buenos Aires durante el partido entre el local Independiente de Avellaneda y la visita Universidad de Chile –que terminó suspendido y empatado 1-1 –, a la vez que ordenó la clausura del estadio Libertadores de América para recopilar evidencia científica de las bárbaras agresiones ocurridas ahí.

De los 19 heridos chilenos reportados, 17 fueron dados de alta, mientras los otros dos, si bien ya no estaban en riesgo vital, continuaban en estado grave tras ser sometidos a intervenciones de neurocirugía y de fracturas múltiples.

No había información oficial respecto de que hinchas argentinos hubiesen sido detenidos en el transcurso de los incidentes.

El fiscal Mariano Zitto, a cargo del caso, alegó que los hechos “dejaron en evidencia lo peor de nuestra especie”, protagonizados por “una minoría que no entiende que el resto de los espectadores en el juego sólo pretenden ir a divertirse, no a tratar de no morir o sobrevivir a una horda de inadaptados”.

Aseguró que la violencia comenzó antes del partido con el desmantelamiento –por la afición chilena– de las instalaciones de los sanitarios y destrucción de las cámaras de seguridad del sector, lo cual “permitió que parte de la tribuna del club visitante arrojara los restos de fierros, material, mampostería y botellas hacia el sector inferior, donde había público local”.

Detalló que “en las tribunas un espectáculo horroroso profundizó el conflicto a partir de las graves –y aún inexplicables– circunstancias que permitieron la inaudita irrupción de una gran cantidad de hinchas locales a la tribuna del sector visitante, que dieron lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano”.

Pero más allá de los salvajes sucesos, los alegatos en torno al decoro, la honorabilidad y la decencia deportiva se trasladaron jurídicamente hasta la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), con sede en Asunción (Paraguay), para convertirse en una disputa financiera, donde ambos clubes intentarán probar su inocencia respecto de los sucesos para adjudicarse la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en disputa, por cuyo avance en cada etapa están en juego varios millones de dólares.

Según la prensa argentina, los cargos son claramente más fuertes en contra de los argentinos, por su condición de organizadores de un juego que terminó siendo uno de los más salvajes de balompié mundial.

Pero evidentemente, porque las hinchadas se enfrascan en una pelea a mansalva donde los espectadores chilenos resultan los más damnificados, probablemente será la U de Chile la que recibirá una sanción menos drástica que Independiente, que se prevé sea severamente castigado, señala la prensa bonaerense.

Mientras el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, aseguraba que “hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago trabajando en paralelo para que se haga justicia y defender a todos los chilenos afectados”.