Si México no fortalece sus protocolos relacionados con la seguridad aérea –entre ellos los mecanismos para evitar riesgos terroristas– “obviamente habrá un cuestionamiento por parte de Estados Unidos”, y el país podría perder nuevamente la categoría uno, advirtió José María Ramos García, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Durante su participación en el simposio Diálogo social: realidades, retos y futuro del transporte aéreo en México, organizado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Ramos García destacó que se avecina una negociación muy interesante del T-MEC, en la cual el gobierno estadunidense incluirá el tema de la seguridad nacional.

Recordó que hay dos normativas relevantes que están marcando a la actual administración de Estados Unidos: la Ley de Emergencia Nacional y la legislación que declara a organizaciones criminales como terroristas.

Riesgos a la soberanía

Afirmó que durante dicha renegociación del tratado con México y Canadá, es muy probable que Estados Unidos exija garantías para evitar riesgos a su soberanía, así como un mayor control sobre la intromisión de grupos delictivos. Subrayó que entre sus principales preocupaciones están los riesgos terroristas y el tema del fentanilo.

“Estados Unidos está planteando esos dos temas como parte de su agenda transversal, por lo tanto, lo que muy probablemente veremos será el fortalecimiento de una serie de restricciones, controles y, sobre todo, exigencias en materia de seguridad aérea y nacional. Debemos estar alertas desde la perspectiva del Estado, la academia, el sector empresarial y, obviamente, los pilotos”, advirtió.

Señaló que el gobierno federal debe formular y debatir un proyecto de política aeronáutica dentro del Plan México, el cual busca compensar posibles pérdidas derivadas del momento de incertidumbre en la relación con Estados Unidos, ya sea por los aranceles o por el entorno generado a partir de las nuevas medidas impuestas por el país vecino.

“Me parece fundamental trabajar en temas como la innovación, el desarrollo tecnológico, el impacto social, los derechos laborales, la transición energética y la sustentabilidad. También deben atenderse los desafíos económicos y sus implicaciones, el fortalecimiento institucional y, finalmente, el tema de la seguridad.”

Reiteró que existen las condiciones necesarias para articular una propuesta de política aeronáutica que la fortalezca y genere incentivos para todos los actores del sector. Esto no sólo impulsaría la competitividad y el bienestar de los involucrados, sino que también permitiría al país adaptarse a lo que viene, como el Mundial de futbol, que implicará un aumento considerable en el tráfico aéreo.

Por otra parte, el secretario general de ASPA, Jesús Ortiz Álvarez, planteó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tenga un presupuesto para seguir operando en condiciones óptimas. Además, recalcó la necesidad de concretar una política aeronáutica que garantice la viabilidad de la terminal aérea.