El próximo 14 de diciembre la ciudadanía ecuatoriana volverá a las urnas para decidir sobre, al menos, siete preguntas propuestas por Daniel Noboa para desmontar elementos claves de la Constitución de 2008 y concentrar más el poder en la figura del presidente.

El mandatario señaló que no se siente cómodo con los “candados” que impone la Carta Política, aprobados en referéndum en 2008 con cerca de 70 por ciento de votos. Y ahora propone modificar el texto para autorizar la instalación de bases militares extranjeras, el establecimiento de casinos y el trabajo por horas en el sector del turismo, así como eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dar paso al enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional, disminuir el número de legisladores en la Asamblea Nacional y quitar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos.

Establecer el trabajo por horas fue una pregunta de la consulta popular de abril de 2024 y 70 por ciento la rechazo. Ahora insiste en acotarlo al sector turístico, pero los constitucionalistas consideran debe estar supeditado como norma general y no de acápite particular.

Al menos cuatro de las siete preguntas deben pasar por el filtro de la Corte Constitucional, ente al que Noboa, seguidores y legisladores oficialistas han lanzado dardos calificándola de cómplice o causante de la violencia por suspender artículos de tres leyes enviadas por el presidente a la asamblea y aprobadas con una mayoría de derecha.

Si la Corte Constitucional rechaza al menos dos de las siete preguntas (las referidas al enjuiciamiento político a los jueces constitucionales y la eliminación del Consejo de Participación) podría reditarse la disputa política que tuvo su punto máximo el martes pasado con una marcha liderada por Noboa con carteles estigmatizando a los jueces y pidiendo su destitución.

Sobre la instalación de bases militares extranjeras y la reducción del número de asambleístas ya hay un pronunciamiento favorable de la mayoría de la asamblea, y faltaría el referéndum para cambiar el texto constitucional. Sin embargo, la mayor crítica a la reducción de legisladores se concentra en la representación de las provincias pequeñas, que apenas tendrían un asambleísta, cuando ahora cuentan con entre tres y cuatro.

En cuanto a la autorización de casinos y trabajo por horas en el sector turístico, los expertos coinciden en señalar que está dirigido a favorecer los negocios de hotelería de la familia del presidente Noboa, particularmente del llamado Grupo Nobis, que tiene millonarias inversiones en el área.