Oaxaca, Oax., A 15 años de la detención del defensor de la tierra y el territorio Pablo López Alavez, indígena zapoteco que denunciaba la tala clandestina en San Isidro Aloapan, organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una marcha este viernes para exigir su liberación inmediata.

Yolanda Pérez Cruz, esposa del luchador social, afirmó que ha recibido amenazas de muerte por su activismo en favor de su pareja, además de que la administración de Salomón Jara se ha negado a atender la solicitud de libertad.

Explicó que López Alavez denunció la tala ilegal en Aloapan, por eso se convirtió en el blanco de quienes se hacían millonarios con dicha actividad delictiva. En agosto de 2010 fue arrestado por sujetos vestidos de negro, que no presentaron ninguna orden o documento para dicha acción.

El defensor fue acusado de homicidio calificado.

Sin embargo, Yolanda Pérez aseguró que el delito fue inventado por el gobierno del priísta Ulises Ruiz Ortiz, lo que permitió a los talamontes continuar con sus actividades; mientras, Pablo López se quedó preso con una sentencia de 15 años.

Señaló que el proceso judicial al que fue sometido su esposo tuvo inconsistencias, mismas que ya han sido demostradas en las audiencias; pese a ello, recalcó, “la maquinaria gubernamental” se niega a dejar libre al defensor de la tierra y el territorio.

Afirmó que el caso fue llevado ante la Organización de Naciones Unidas y su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias emitió la opinión 23/2017, en la que exigió la liberación de Pablo López y la reparación integral del daño; no obstante a ocho años, las autoridades estatales la han negado.

Sandra Patargo, coordinadora para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Front Line Defenders, consideró este caso de suma importancia, debido a que se han documentado las violaciones en el proceso que ha llevado López Alavez a través de los años, probando su inocencia.

Lamentó la falta de atención por parte del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz quien en discursos habla del indigenismo y presume que en su administración se respetan los derechos humanos, cuando su falta de atención a un caso tan emblemático es prueba de lo contrario.

Ante esta situación, Sandra Patargo urgió a las autoridades, no sólo del estado de Oaxaca, sino de la Federación, a atender el caso del activista y dar justicia al indígena zapoteco y su familia, pues hasta el momento le han robado 15 años de su vida.