Greenbelt. La jueza federal de distrito en Maryland, Deborah Boardman, dictaminó esta semana que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los nacidos en territorio estadunidense que sean hijos de personas que se encuentran con permisos temporales o sin autorización. La decisión judicial es la cuarta que bloquea a escala nacional la orden del magnate sobre el tema desde que la Suprema Corte emitió un fallo clave en junio.

Boardman determinó que todos los niños nacidos o por nacer en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025, población afectada por el mandato presidencial de Trump, pueden interponer una demanda colectiva bajo el argumento de que la orden de la Casa Blanca viola la enmienda 14 de la Constitución que establece que cualquier nacido en suelo estadunidense es ciudadano de ese país.

En febrero, la jueza emitió una orden judicial preliminar con la que fue bloqueada la instrucción de Trump a nivel nacional. Pero un fallo del máximo tribunal en junio anuló esa decisión y otras resoluciones que bloqueaban la iniciativa presidencial en todo el país.

Los jueces de la Suprema Corte dictaminaron que, en general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales a escala nacional, pero no descartaron otras decisiones que podrían tener efectos federales, incluidas demandas colectivas y aquellas presentadas por estados.

Respaldo a migrantes

En este escenario, desde el inicio de las deportaciones y las redadas migratorias en California, líderes religiosos se unieron para mostrar su apoyo a los migrantes. Su labor está en observar los procedimientos judiciales y repartir folletos sobre la aplicación de la ley migratoria por parte de la administración Trump; algunas iglesias ofrecen además apoyos económicos a quienes han perdido o renunciado a sus trabajos por temor a ser arrestados.

Las congregaciones transmiten en línea sus actos religiosos para que la gente no corra el riesgo de asistir a las instalaciones, que ya no son inmunes a las redadas de inmigración.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han subrayado que no habrá espacios seguros para quienes se encuentran en el país “sin autorización legal, han cometido delitos o han intentado socavar la aplicación de la ley migratoria”.

En los meses recientes las detenciones de migrantes se han multiplicado en el país, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, aseguró que más de un millón de migrantes irregulares salieron por cuenta propia del territorio estadunidense desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Noem agregó que “miles y miles de personas” han usado la aplicación móvil CBP Home que insta a los migrantes en situación irregular a autodeportarse.

El gobierno federal ofreció recientemente a los migrantes una “opción” para evitar ser arrestadas si aceptan autodeportarse a cambio de mil dólares y un vuelo gratis a su país de origen.

En tanto, un joven de nacionalidad china que fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se suicidó en un centro de detención de Pensilvania esta semana.

El ciudadano chino se ahorcó, según un comunicado del gobierno y comunicaciones entre los servicios de emergencia obtenidas por The Intercept.

Por otra parte, ayer Venezuela anunció la llegada al país de seis menores que permanecieron “retenidos ilegalmente” en Estados Unidos, quienes fueron recibidos por sus familias en el marco del Plan Vuelta a la Patria, junto a otros 194 connacionales deportados.

“Estos pequeños guerreros han enfrentado una experiencia difícil, pero ahora están listos para rencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza”, señaló el gobierno venezolano en un comunicado.