En los pasados cinco años, un total de 71 administradores de condominios en la Ciudad de México fueron sancionados por la Procuraduría Social (Prosoc) por diversas irregularidades que van desde la falta de transparencia en la gestión de recursos, hasta abuso de funciones.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, de 2019 a 2024 la Prosoc inició 398 expedientes contra personas o empresas que se encargan de administrar los condominios. La mayoría son quejas por irregularidades, por ostentarse como administradores sin que tengan el respaldo legal, incumplimiento de funciones y hasta agresiones. Tan sólo en 2024 se emitieron 138 resoluciones y se aplicaron sanciones por más de un millón de pesos.

Uno de estos casos, que incluso derivó en una denuncia penal, es el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), en la alcaldía Benito Juárez, que padece deterioro en su infraestructura debido a la falta de mantenimiento y presuntas omisiones por una administración que vecinos describen como fraudulenta.

En el CUPA, ubicado en la colonia Del Valle, donde hay 144 departamentos y 22 locales, los inconformes denunciaron que pese al pago de cuotas mensuales superiores a 220 pesos, no se garantiza el servicio de elevador, algo que afecta principalmente a personas adultas mayores y con discapacidad. Además, apuntan, han pasado ocho años de una gestión formada por cinco personas que nunca fueron reconocidas oficialmente por la Procuraduría Social. Los hechos quedaron registrados en la denuncia con folio CI/FIBJ/UAT-B-J-1/UI-1/S/D/03502/08-2024.

Algunos vecinos han optado por consignar judicialmente sus cuotas de mantenimiento. La consignación es un recurso legal que tiene todo ciudadano para poder realizar ciertos pagos, explicó Isabel Yshima, propietaria de uno de los departamentos.

Recientemente, los condóminos decidieron organizarse y nombrar representantes por piso, con el propósito de frenar las acciones del seudoadministrador Víctor Ramírez Arpides, quien supuestamente intentó invalidar una asamblea vecinal convocada para renovar la administración del inmueble. No obstante, el primero de agosto, presentó su renuncia, según dijeron vecinos.

María Laura González, de la tercera edad, padece artrosis degenerativa desde hace una década, por lo que usa bastón, muletas y andadera. Expuso que en las noches la administración cerraba el elevador a las 10, y aunque había dialogado para que el servicio se mantuviera hasta las 11, ha tenido que subir múltiples veces por las escaleras: mi hija me carga la andadera y yo me voy jalando de los barrotes hasta el segundo piso, relató.